La Plataforma de Derechos Humanos y Empresas Chile, espacio que reúne a organizaciones de la sociedad civil, centros académicos y organizaciones de derechos humanos comprometidas con la promoción y protección de los estándares internacionales sobre empresas y derechos humanos, manifiesta su más enérgica condena frente a la campaña de hostigamiento y amedrentamiento dirigida contra Ecoceanos y Fundación Libera contra la Trata de Personas y la Esclavitud en Todas sus Formas, así como contra personas defensoras de derechos humanos, a raíz de información y denuncias relacionadas con la situación de los derechos laborales en sectores exportadores del país.
En los últimos días hemos observado con preocupación cómo se ha intentado responsabilizar a organizaciones de la sociedad civil por decisiones de política comercial adoptadas por un Estado extranjero. Más allá de las distintas interpretaciones sobre dichas decisiones, resulta inaceptable que este contexto sea utilizado para estigmatizar, desacreditar o promover ataques contra organizaciones que ejercen mecanismos legítimos de denuncia y participación reconocidos por el derecho nacional e internacional.
Las organizaciones de la sociedad civil cumplen un rol fundamental en toda democracia. Documentar, investigar, alertar sobre posibles vulneraciones de derechos humanos y recurrir a los mecanismos nacionales e internacionales disponibles para ello constituye una actividad legítima, protegida por la libertad de expresión, la libertad de asociación y el derecho a defender los derechos humanos. Estos principios forman parte de los compromisos asumidos por Chile en el ámbito internacional y son esenciales para fortalecer el Estado de Derecho y la rendición de cuentas.
La estigmatización de quienes denuncian vulneraciones de derechos humanos no solo pone en riesgo la seguridad de las organizaciones y de las personas que las integran, sino que también debilita el espacio cívico, desalienta la denuncia de abusos y erosiona las condiciones necesarias para que empresas y Estados puedan prevenir y remediar impactos negativos sobre los derechos humanos.
Por ello, hacemos un llamado a todas las autoridades, actores políticos, gremiales y empresariales a contribuir a un debate público basado en hechos, evitando declaraciones o acciones que puedan incentivar la hostilidad contra organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos. En este sentido, exigimos el cese inmediato de toda campaña de desprestigio, hostigamiento y amedrentamiento contra estas organizaciones.
Asimismo, instamos al Estado de Chile a cumplir con su deber de garantizar un entorno seguro y propicio para el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, adoptando todas las medidas necesarias para prevenir actos de intimidación, investigar las amenazas que se han producido y proteger efectivamente a quienes ejercen la defensa de los derechos humanos, de conformidad con sus obligaciones internacionales, incluidos los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos.
Finalmente, reiteramos la necesidad de que el Estado chileno avance, sin más dilación, hacia una política de debida diligencia obligatoria en derechos humanos aplicable a los sectores exportadores, en particular agricultura y salmonicultura, que responda a décadas de evidencia acumulada y no reconocida.
La defensa de los derechos humanos requiere instituciones sólidas, debate democrático y garantías para que ninguna persona u organización sea objeto de represalias por ejercer legítimamente su labor. Ese es un principio que debe resguardarse siempre, con independencia de las controversias políticas o económicas del momento.
Plataforma Chilena de la Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas
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