Debida diligencia en derechos humanos: acuerdos y desafíos desde América Latina

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Representantes de 13 países se reunieron en Bolivia para discutir los avances y desafíos de la debida diligencia en derechos humanos. Uno de los principales consensos fue la necesidad de fortalecer el rol de las empresas y de los Estados en la protección de los derechos humanos.

La Plataforma Chilena de la Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas participó en el 2° Foro Regional Multiactor sobre Debida Diligencia en Derechos Humanos, organizado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y Fundación Avina, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

El encuentro reunió a 38 representantes de 13 países de América Latina y Europa, provenientes de organizaciones de la sociedad civil, pueblos indígenas, empresas, cámaras de comercio, organismos de cooperación y gobiernos.

Uno de los principales resultados fue el acuerdo transversal entre los distintos sectores sobre la importancia de avanzar hacia una debida diligencia efectiva. “Existe consenso en que las empresas deben hacer todos los esfuerzos para incorporar la debida diligencia en sus actividades regulares, pero también quedó claro que los Estados tienen que cumplir un rol fundamental en su responsabilidad como garantes de los derechos humanos”, señaló Roberto Morales, Coordinador Ejecutivo de la Plataforma, quien participó en el encuentro.

La experiencia europea y los desafíos para América Latina

La Directiva de la Unión Europea sobre Debida Diligencia Corporativa en Sostenibilidad fue uno de los temas centrales de la conversación. Aunque muchas empresas de la región no estarán directamente alcanzadas por sus obligaciones, el instrumento constituye una señal relevante para aquellas que se relacionan con mercados, compradores y socios comerciales europeos.

El foro también permitió identificar desafíos pendientes para la región, entre ellos la brecha de conocimiento ciudadano sobre derechos humanos y empresas. En ese contexto, Morales presentó los resultados de la reciente encuesta impulsada por la Plataforma, que mostró niveles de conocimiento sobre estas materias superiores a lo esperado.

Junto con ello, se relevó la necesidad de volver a discusiones de base sobre los modelos de desarrollo y de fortalecer el rol de la sociedad civil y de los titulares de derechos como actores fundamentales para equilibrar las relaciones entre Estados, empresas y comunidades.

El desafío pendiente para Chile

Entre las autoridades presentes destacó el Subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, quien valoró los Planes de Acción Nacional sobre Derechos Humanos y Empresas como una política pública sostenida en el tiempo.

Sin embargo, en Chile el tercer Plan de Acción Nacional (PAN III) continúa sin publicarse. En mayo, la Subsecretaría de Derechos Humanos anunció un nuevo proceso participativo para su elaboración, pese al trabajo técnico y participativo desarrollado durante los últimos años. La decisión ha abierto preguntas sobre la continuidad de este proceso y sobre el destino de los avances ya realizados.

El foro cerró con la consolidación de la hoja de ruta de la Comunidad de Práctica sobre Debida Diligencia, que definió prioridades y resultados para el próximo bienio, reafirmando la necesidad de avanzar hacia una implementación de la debida diligencia que involucre tanto a las empresas como a los Estados y a quienes son titulares de derechos.