Por Florencia D. Vega, Coordinación Plataforma Chilena de la Sociedad Civil sobre DD.HH. y Empresas
«La democracia exige que el poder político sea gobernado por el pueblo y para el pueblo. Cuando la racionalidad de mercado se convierte en el único principio rector del Estado, la soberanía popular se elimina y la justicia se reduce a la rentabilidad. Un Estado que solo rinde cuentas al mercado puede conservar las elecciones, pero ha asesinado a la democracia porque ha desmantelado la capacidad del demos para decidir sobre su propio destino.» (Brown, 2015).
Referencia: Brown, Wendy. (2015). Undoing the Demos: Neoliberalism’s Stealth Revolution. Zone Books
Entre el 9 y 11 de junio, la Ciudad de Panamá acogió la décima edición del Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos para América Latina y el Caribe. Fue la primera vez que el encuentro se celebró presencialmente en Centroamérica, rompiendo una trayectoria inaugurada en Medellín (2013) y continuada en Santiago, Bogotá y São Paulo. La coincidencia con el decimoquinto aniversario de los Principios Rectores de las Naciones Unidas no debiera ser leída como un hito de complacencia institucional. En un contexto de urgencia climática y despojo cotidiano en los territorios del Sur Global, la debida diligencia empresarial transita por un momento bisagra.
Los datos de la última edición presencial (São Paulo, 2025) revelaban una tendencia preocupante: el sector empresarial monopolizó el 40% de la participación, frente al 24% de la sociedad civil, el 7% de los pueblos indígenas y apenas el 6% de instituciones estatales. Este desequilibrio reflejaba el riesgo de captura de un espacio que debería ser de derechos humanos y que se convierte, progresivamente, en una plataforma de validación corporativa. La sociedad civil llegó a Panamá con la misión de revertir esa inercia.
Sin embargo, el propio desarrollo del Foro confirmó algunas de las preocupaciones previas. La participación fue más reducida de lo esperado, la difusión local resultó limitada y persistieron las barreras de financiamiento para que líderes y lideresas de distintos países de la región pudieran asistir. La escasa presencia de quienes viven directamente los impactos de proyectos empresariales continúa siendo uno de los principales déficits de legitimidad de estos espacios.
La ilusión de la prevención europea
El debate global está dominado por las directivas de la Unión Europea en materia de sostenibilidad, marcos centrados casi exclusivamente en la prevención de daños futuros. Esta mirada resulta incongruente con América Latina, en donde mientras las matrices europeas debaten cómo evitar la degradación ambiental de mañana, las comunidades del Sur Global debemos lidiar con la impunidad de daños históricos y pasivos ambientales acumulados durante décadas de extractivismo desregulado.
La asimetría continúa vigente y transforma a las comunidades en una fuente de datos para alimentar matrices ESG que otorgan tranquilidad a los fondos de inversión internacionales. La degradación irreversible de un maritorio por la salmonicultura intensiva en los fiordos australes o la desecación de cuencas hídricas por la fiebre del litio se vuelven matemáticamente tolerables si el holding transnacional demuestra en su balance consolidado que financia un parque eólico en el Mar del Norte. La debida diligencia de matriz europea no busca desmantelar las bases del extractivismo: busca optimizarlo para que el Norte Global limpie su porvenir energético a expensas de la geografía del Sur.
Esta exclusión material se ve agravada por un factor concreto: la propia organización del foro reconoció que, debido a la crisis de financiamiento de Naciones Unidas, esta décima edición no dispuso de fondos para costear el traslado de ponentes, obstaculizando la asistencia de los verdaderos titulares de derechos. Participar de este encuentro significó un esfuerzo que profundiza la precariedad de quienes defendemos derechos fuera de un esquema institucional, en territorios, por nuestros propios medios.
La paradoja del Estado socio
El sistema internacional presupone la existencia de un Estado neutral capaz de fiscalizar a los actores económicos. Esta hipótesis choca con una contradicción estructural en América Latina, región donde el Estado es, simultáneamente, el principal socio, aval y promotor de la actividad extractiva que vulnera a su propia población. Las mismas autoridades que firman Planes de Acción Nacional promueven activamente la flexibilización de normativas ambientales para atraer capitales extranjeros, compitiendo entre sí para abrir sus territorios al litio, el cobre o el hidrógeno “verde”, subordinando la soberanía regulatoria y la consulta previa a los imperativos del mercado.
Al revisar el segundo Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas de Chile (2022-2025) (PAN II), es posible constatar que la debida diligencia se presenta ante los gremios empresariales como una oportunidad de negocio o un mecanismo para mitigar riesgos reputacionales, mientras el PAN III fue retirado de Contraloría y espera su entrada en vigencia hace meses. Cuando el propio Estado adopta ese lenguaje corporativo, convalida la idea de que los derechos humanos son un factor de estabilidad comercial y no un límite absoluto a la actividad económica. El rol público se degrada: pasa de la garantía de derechos a la administración de la conflictividad social.
Esta tensión se vuelve especialmente visible en Chile. Mientras se multiplican los discursos sobre conducta empresarial responsable, persisten preocupaciones respecto de la criminalización de quienes defienden derechos humanos y ambientales, así como prácticas de silencio administrativo que dificultan el acceso oportuno a mecanismos de protección y respuesta institucional. La demora en la implementación de nuevas herramientas públicas en materia de empresas y derechos humanos termina trasladando los costos de la inacción a las comunidades afectadas.
Frente a la captura técnica del estándar y la complicidad estatal, el Foro de Panamá representó una oportunidad política para reclamar la soberanía conceptual de la debida diligencia. Los procesos de revisión no pueden seguir siendo auditorías privadas ejecutadas por firmas consultoras contratadas por las mismas empresas. Es apremiante transitar hacia una corresponsabilidad territorial obligatoria, donde la viabilidad de cualquier proyecto esté supeditada al respeto de los límites ecológicos de los ecosistemas y maritorios.
Una debida diligencia con perspectiva latinoamericana debe incorporar las cosmovisiones de los pueblos originarios y las comunidades rurales, devolviendoles su estatus de sujetos con capacidad de veto y decisión soberana sobre su propio territorio. América Latina posee un acervo histórico de luchas y desarrollos jurídicos de vanguardia, como el Acuerdo de Escazú, que obliga a garantizar el acceso a la información ambiental, la participación pública y la protección de las personas defensoras del medio ambiente. Es un tratado que debemos hacer funcionar.
Precisamente, uno de los debates más relevantes del Foro fue el creciente reconocimiento de que la protección de las personas defensoras no puede agotarse en declaraciones de apoyo o reconocimiento simbólico. Las organizaciones demandan garantías efectivas de participación, mecanismos de seguridad y respuestas institucionales oportunas. En este contexto, Escazú aparece como uno de los avances más concretos de la región, porque además de reafirmar principios, establece procedimientos. Sin embargo, la existencia de mecanismos es apenas un primer paso; su eficacia depende de la capacidad de los Estados para implementarlos de manera oportuna y accesible, y eso significa tener hojas de ruta que garanticen el cumplimiento de sus pilares.
Quince años después de la adopción de los Principios Rectores, la discusión regional también parece desplazarse desde la prevención hacia la reparación. El Pilar III continúa siendo el componente menos desarrollado de la agenda de empresas y derechos humanos. La existencia formal de mecanismos de reclamo o acceso a justicia resulta insuficiente si las comunidades siguen enfrentando barreras económicas, institucionales o políticas para obtener reparación efectiva. La justicia restaurativa debiera transformarse en uno de los principales desafíos de la próxima etapa regional.
Si durante el siglo XX el derecho internacional avanzó en la regulación de emisiones y actividades económicas, el desafío emergente del siglo XXI parece concentrarse cada vez más en la regulación de relaciones de poder. En ese contexto, la calidad democrática de nuestros Estados será tan determinante para la debida diligencia como cualquier estándar internacional, y se encuentra tensionada por gobiernos anti-derechos que clausuran la participación, desprotegen a las personas defensoras y bloquean la reparación mediante .
Las deliberaciones de Panamá no pueden transcurrir en el aislamiento de salones ministeriales.La pregunta de fondo es si seremos capaces de construir una arquitectura jurídica internacional sostenida en democracias reales y orientada a desmantelar las asimetrías de poder de las empresas transnacionales, o si continuaremos perfeccionando un sistema cosmético que valida falsas soluciones para que el engranaje de la explotación continúe operando sin cambios de fondo ni de estructura.