La Plataforma Chilena de la Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas expresó su preocupación por los riesgos que implica la nueva legislación. En una reunión con la diputada Francisca Bello, entregaron un documento con recomendaciones para fortalecer la protección de derechos humanos y ambientales en la tramitación de proyectos de inversión.
El martes 1 de julio, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en su tercer y último trámite constitucional el Proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, que busca regular el otorgamiento y tramitación de autorizaciones sectoriales en Chile, para grandes inversiones en sectores como minería, energía o infraestructura.
En este contexto, el día anterior, una delegación de la Plataforma Chilena de la Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas se reunió con la diputada Francisca Bello (FA), su equipo de asesores y representantes de otros parlamentarios del Frente Amplio, para presentar sus reparos a la iniciativa y entregar una minuta con observaciones y recomendaciones desde una perspectiva de derechos humanos.
La nueva ley crea un sistema único para tramitar permisos de distintos sectores a través de una plataforma digital centralizada. Además, modifica más de 40 leyes en áreas como salud, minería, energía, medio ambiente y vivienda. El Gobierno plantea que esta ley permitirá ordenar mejor los trámites y reducir los tiempos de espera para aprobar proyectos de inversión. Sin embargo, las organizaciones de la Plataforma advierten que esta aceleración puede tener consecuencias graves si no se establecen mecanismos que protejan adecuadamente los derechos de las comunidades que podrían verse afectadas.
En la reunión realizada en el Congreso Nacional, participaron el coordinador ejecutivo de la Plataforma, Roberto Morales; la co- directora del Observatorio Ciudadano, Mabel Cobos; y representantes del Centro de Estudios Urbanos y Sociales (CEUS), Mariana Cruz y Matías Cortés. Las y los asistentes plantearon que mecanismos como las Técnicas Habilitantes Alternativas -que permiten reemplazar autorizaciones por declaraciones juradas- y el silencio administrativo positivo pueden debilitar la evaluación previa de impactos, reducir el control ciudadano y omitir procesos de consulta indígena.
En particular, preocupa que la ley permita congelar por hasta ocho años las normas y exigencias que aplican a ciertos proyectos, lo que podría impedir que el Estado ajuste sus requisitos frente a nuevas evidencias científicas, conflictos socioambientales o estándares internacionales que surjan durante ese periodo.
Recomendaciones desde la Plataforma
La minuta entregada plantea recomendaciones orientadas a incorporar la debida diligencia obligatoria en derechos humanos y medio ambiente para todas los proyectos que accedan a permisos sectoriales. Es decir, que las empresas estén legalmente obligadas a identificar, evaluar y prevenir los posibles impactos negativos que sus proyectos puedan tener sobre las personas, las comunidades y los ecosistemas, antes de que se les autorice iniciar cualquier actividad. Asimismo, sugiere establecer mecanismos efectivos de participación ciudadana y consulta previa, libre e informada, y definir criterios específicos para sectores sensibles como salud, energía, minería y territorios indígenas o ambientalmente vulnerables.
“La aprobación definitiva del proyecto de ley de permisos sectoriales abre muchos riesgos que podrían eventualmente vulnerar los derechos humanos de personas y comunidades, al no considerar aspectos esenciales para su prevención y protección. Por ejemplo, el proyecto no contempla la debida diligencia en derechos humanos durante la tramitación de estos permisos. Con este nuevo cuerpo legal, las comunidades y la sociedad civil en su conjunto deben estar atentas, vigilar estos procesos y exigir que los reglamentos que deben dictarse no profundicen más los riesgos”, señaló Roberto Morales, coordinador ejecutivo de la Plataforma Chilena de la Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas.
Desde la Plataforma hicieron un llamado a incorporar las recomendaciones presentadas en la etapa de implementación de la ley y a abrir un debate público que priorice los principios de justicia ambiental, participación vinculante y rendición de cuentas. El documento completo entregado a la diputada Bello está disponible aquí:
Minuta del Proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales ultima versión