Hasta ahora la magnitud de los proyectos de amoníaco e hidrógeno verde en evaluación ambiental en Magallanes dejaban algún espacio para la duda de las magnitudes de esta proyección verde. Esta especulación ha terminado. Hoy la ciudadanía activa y organizada se enfrenta al mayor desafío conocido hasta ahora: observar y evaluar un proyecto que fue elaborado durante tres años, en tan solo 60 días y de forma autogestionada.. Incluso en este escenario jerárquico y desigual, hay quienes siguen cuestionando la funcionalidad de la participación ciudadana, calificándola como un obstáculo.. Se intenta así invisibilizar que dicha participación está amparada por derechos constitucionales y por el derecho internacional, bajo tratados que Chile ha suscrito. En tiempos de crisis civilizatoria multidimensional- no tan solo climática, sino que ecológica, energética, material y social- es vital escuchar a las comunidades.
La participación ciudadana permite identificar impactos que, de otro modo, serían invisibles para el Estado o los inversionistas, quienes deben operar bajo el deber negativo de no violar derechos humanos. Recordemos que lo que para los inversionistas es un espacio de negocios, para las comunidades es un espacio vital, donde no tan solo se produce dinero sino que la vida, y es por ello que el extractivismo no solo despoja territorios, sino también cuerpos y realidades.
Hace unas semanas ingresó el primer mega proyecto en Magallanes, con 616 aerogeneradores, planta desaladora, puerto para la exportación entre otros componentes para producir hidrógeno verde y amoníaco. Se ubica en San Gregorio, una comuna rural desprovista de servicios para los aproximadamente 10.000 trabajadores necesarios para la etapa de construcción. Esa demanda no podrá ser cubierta con trabajadores de la región, donde el índice de cesantía es el cuarto más bajo del país, con un 6,6%, es decir, 6.867 personas. Magallanes es, además, la segunda región con mayor tasa de ocupados y que se ha sostenido desde el año 2020. La brecha de género alcanza 16 puntos porcentuales y cerca del 40% de las mujeres en edad laboral se encuentra fuera del mercado, y la brecha de género se expresa también en los trabajos informales alcanzando casi un punto porcentual entre hombres y mujeres.1 Estos datos evidencian que, tan solo para la construcción, se generará una migración interna hacia Magallanes para lo cual la región no está preparada desde servicios de salud, vivienda, educación y seguridad. Sin esa planificación territorial responsable, ¿Dónde están los beneficios sociales de los que habla el empresariado?
Por otro lado, este tipo de desarrollo no incluye el ingreso de mujeres a la industria en puestos dignamente remunerados, ni mucho menos en puestos de toma de poder. Entonces ¿de qué forma se conseguirá la justicia de género, clave y central para alcanzar una correcta transición energética, o más bien, transformación socio ecológica?
El proyecto de Total Energies es el de mayor magnitud en América, con la ambición de posicionar a Chile como el tercer productor mundial. Esta empresa de origen francés, es ampliamente conocida por sus malas prácticas en derechos humanos y relaciones con las comunidades, así como por sus negligencias medioambientales en África,2Indonesia, Canadá e incluso Francia, donde enfrenta litigios legales actuales, que dejan en evidencia el incumplimiento a la normativa ambiental, debida diligencia y prácticas corruptas en la esfera política. Estos antecedentes son relevantes si consideramos que aspiramos a una transformación socioecológica que, donde la transición energética es una parte , y la base debe ser justicia ambiental, social y de género, y en la reparación.
Esto implica considerar a las comunidades, a la matriz local, el desarrollo comunitario y evitar las afectaciones a bienes comunes y formas tradicionales de vida. Debemos poner en el centro la soberanía energética y las soluciones comunitarias, antes que entender la energía como una mera oportunidad de negocio Esta no es solo una apuesta económica especulativa, sino también un retroceso frente al principio de no regresión en materia ambiental, además de ignorar el principio precautorio ante la incertidumbre de una industria que no existe en tales magnitudes en ningún lugar del planeta.
¿Es esta transición energética -impulsada bajo la bandera de energías verdes y liderada por empresas reconocidas por su corrupción, desastres ambientales y violación de derechos humanos- la que va respetar y promover una transición socioecológica? ¿O es, mas bien, una transición rápida y superficial que se presenta como una solución a las emisiones de gases de efecto invernadero sin cuestionar el crecimiento ilimitado, ni el modelo de consumo y producción basado en el despojo y la desigualdad? Nos preguntamos también cómo realizó el Estado de Chile su debida diligencia a la hora de firmar un acuerdo con el banco público de desarrollo europeo que involucra a Total Energie para acelerar la transición energética en Chile ¿Qué implica realmente acelerar esta transición?
Hablar de energía es hablar de soberanía energética, entendida como un derecho instrumental que permite garantizar derechos como la salud, la alimentación, la seguridad. Estamos acelerando sin tener una propuesta clara para alcanzar la soberanía energética de Magallanes, una región con un no bajo número de población rural que depende fuertemente de combustibles fósiles en tiempos de energías verdes. Paradójicamente en Magallanes se están reactivando pozos petroleros para fracking y contamos con tan solo 3 aerogeneradores en la región inyectando energía a la red.
A su vez, hablar de soberanía energética en un país soberano es ante todo reconocer la autodeterminación, y para ello se debe empoderar sobre los medios de producción, habilidades y modelos de organización.3 Solo de esta forma la resiliencia energética, entendida como la capacidad de adaptación, de respuesta y recuperación,4 puede hacerse realidad.
Esa es una de las tantas realidades que, desde las organizaciones que activamos en el espacio cívico, aspiramos construir. Para ello, nuestro trabajo es ante todo colaborativo. Es cierto que, hoy en día, estar en desacuerdo o considerar la igualdad como un derecho radical nos mantiene en posiciones opuestas. El populismo anti ambiental busca instalar narrativas para reducir el espacio cívico, haciendo creer que el ambientalismo no busca la colaboración, y que la oposición a proyectos extractivos que amenazan el espacio vital es un enemigo externo incluso de las comunidades, de las que se desconoce su derecho de autodeterminación y su valiosa incidencia y participación de manera autónoma, busca la colaboración, y que la oposición a proyectos extractivos que amenazan el espacio vital es un enemigo externo incluso de las comunidades, de las que se desconoce su derecho de autodeterminación y su valiosa incidencia y participación de manera autónoma.
Aquí en las comunidades no opera la lógica jerárquica del poder empresarial y corporativo donde solo saben de ser mandados, pagar artículos que más que contundentes, son repetitivos y extensos, solo por poder adquisitivo pero no educativo.
Hacemos un llamado a defender nuestro espacio cívico, nuestra democracia. Hoy se trata de una temática socioambiental, mañana puede ser cualquier pensamiento distinto, disidente, pero mañana puede ser tu opinión, porque el espacio cívico nos permite ser sujetos de derecho y ya basta de relativizar la discusión bajando el nivel y subestimando a las comunidades. Estamos aquí informadas, de frente, en autonomía y queremos hablar en igualdad de condiciones y no desde la visión sesgada del populismo anti ambiental, más bien desde la evidencia, el derecho, la bibliografía, la experiencia situada, derechos humanos y la cooperación basada en derechos constitucionales e internacionales. Ante una crisis multidimensional, pretender abordarla solo desde lo económico es, por lo menos, poco estratégico, es casi un autosabotaje a la sobrevivencia. Pareciera ser una nueva característica del hombre postindustrial: sabotearse a sí mismo.
Nos preguntamos, entonces ¿Qué piensan los Bancos Públicos de Desarrollo que no otorgan préstamos a estados antidemocráticos, sobre el clima empresarial y la presión que se ejerce sobre las instituciones para reducir el espacio cívico y silenciar a defensoras y defensores ambientales?
1 https://www.subtrab.gob.cl/wp-content/uploads/2024/06/Termometro-Laboral-Region-de-Magallanes.pdf
2 https://www.rfi.fr/en/africa/20241213-totalenergies-accused-of-abuses-linked-to-%E2%82%AC10bn-ea st-african-oil-pipeline
3 Thombs, 2019
4 Pantelli & Mancarella, 2015