Entre el 9 y el 11 de abril de 2025, la Plataforma Chilena de la Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas participó activamente en el IX Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos, que se celebró en São Paulo, Brasil. Este evento, que reunió a gobiernos, empresas y organizaciones de la sociedad civil, se centró en el tema “El respeto a los DDHH: Debates en torno al rol de las empresas y el Estado para una debida diligencia con las personas y el ambiente en el centro”.
En esta edición, el foro ofreció espacios de diálogo multiactor para explorar tendencias emergentes a nivel nacional, regional y global, con énfasis en la debida diligencia en derechos humanos. Las sesiones abordaron temas como la triple crisis climática, los derechos de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, la protección de personas defensoras, y la necesidad de generar prácticas empresariales responsables basadas en evidencia. También se discutió la responsabilidad jurídica de las empresas, el acceso a la reparación, los sistemas de rendición de cuentas y la incorporación de enfoques de género e interseccionalidad en las políticas de debida diligencia.
El primer día estuvo dedicado a encuentros preparatorios entre pares, organizados por actores diversos como pueblos indígenas, sindicatos, instituciones académicas, empresas, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil. Durante los días siguientes, el foro desarrolló sesiones plenarias y de diálogo multiactor, diseñadas para fomentar conversaciones sobre los desafíos actuales y los avances en la materia.
La Plataforma Chilena de la Sociedad Civil sobre DDHH y Empresas también jugó un rol fundamental en la organización y desarrollo del Foro Previo de Sociedad Civil Latinoamericana. Esta instancia, organizada en conjunto con la Plataforma Latinoamericana de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos, se constituyó como un espacio estratégico para abordar los desafíos y oportunidades en la implementación de políticas públicas y marcos normativos vinculantes sobre empresas y derechos humanos.
“Para nuestra Plataforma fue importante ser parte de este encuentro previo convocado por las organizaciones de la sociedad civil latinoamericana. Este espacio nos permitió dialogar, conocer nuestras experiencias, desafíos y buenas prácticas, avanzar en una mayor articulación regional, indispensable en estos tiempos. Sin duda fue un gran encuentro con más de 120 participantes de toda la región”, señaló el coordinador ejecutivo de la Plataforma Chilena, Roberto Morales.
Declaración final: el llamado a un cambio estructural
Al finalizar el foro, las organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe presentaron una declaración conjunta en la que se destaca la necesidad urgente de adoptar políticas públicas más robustas y coordinar esfuerzos globales, regionales y locales para asegurar un marco normativo que favorezca la debida diligencia empresarial.
En el documento, también se expone un diagnóstico sobre los desafíos que enfrenta la agenda de empresas y derechos humanos, al tiempo que se presentan propuestas dirigidas a impulsar conductas empresariales responsables. “Esta convocatoria busca sentar las bases para la incorporación de la debida diligencia en toda la cadena de valor, contribuyendo a que se reconozcan y reparen los daños ocasionados por la actividad empresarial”, puntualizó Morales.
El texto advierte, “vemos con preocupación cómo las entidades financieras, a través de los flujos de capital hacia distintos sectores empresariales o tipos de inversión, generan impactos directos e indirectos sobre los derechos humanos”, apuntando a la falta de políticas públicas que obliguen a dichos actores a asumir responsabilidades concretas en la prevención de violaciones y en la promoción de prácticas empresariales éticas.
Asimismo, las organizaciones llaman a que se implementen marcos normativos vinculantes que obliguen a las empresas a adoptar evaluaciones de impacto en derechos humanos y ambientales, y a abrir espacios de participación genuina para las comunidades directamente afectadas por sus actividades. La declaratoria destaca la urgencia de establecer mecanismos de reparación que aborden de manera integral los daños materiales, sociales, culturales y psicológicos.
Finalmente, las organizaciones hacen un llamado a la participación activa de la sociedad civil como mecanismo de monitoreo independiente y de diálogo multiactor. Entre las recomendaciones se destaca que los Estados, en consulta con la sociedad civil y los titulares de derechos, incorporen en sus planes de gobierno políticas orientadas al respeto y cumplimiento de los derechos humanos y ambientales, sentando las bases para una protección efectiva que garantice la defensa de comunidades vulnerables frente a los crecientes desafíos globales.
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