Señor Director:
En la editorial del miércoles 26 de marzo “Permisos, procedimientos y convicciones”, su medio plantea que los procedimientos de evaluación ambiental en Chile obstaculizan la inversión, proponiendo que se evalúe el balance entre impactos y beneficios. Desde la Plataforma Chilena de la Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas, consideramos esta visión no solo reduccionista, sino peligrosa para la garantía de los derechos humanos y ambientales de las personas y comunidades .
El derecho a vivir en un medio ambiente sano, el trabajo decente, la participación ciudadana y el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas no pueden subordinarse a una lógica costo-beneficio. Los permisos y procedimientos ambientales existen precisamente para proteger estos derechos ante proyectos que podrían afectarlos irreversiblemente. Puede ser razonable la búsqueda de simplificación de trámites y procedimientos, pero no es aceptable que, con esa excusa, se pretendan rebajar estándares y exigencias que faciliten la vulneración de tales derechos.
Casos como el de Dominga no reflejan un exceso de garantías, sino la desconfianza en instituciones que han fallado en proteger adecuadamente los territorios. En vez de debilitar los controles, se requiere fortalecer la evaluación ambiental, asegurar la participación efectiva y garantizar que los intereses económicos no pasen por sobre los derechos humanos. El problema no es la institucionalidad ambiental.
La disyuntiva entre el desarrollo del país y las garantías de los derechos humanos de las personas y comunidades es un falso dilema.
Roberto Morales, Carolina Rudnick, Juan Carlos Cayo y Yerko Ljubetic, Equipo Coordinador de la Plataforma Chilena de Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas
CARTA AL DIRECTOR- DIARIO EL MERCURIO
