Con una mirada crítica hacia las tensiones entre desarrollo y derechos humanos, la Plataforma Chilena expuso en Ginebra los desafíos normativos en América Latina y cómo las agendas pro-inversión y la captura corporativa impactan derechos fundamentales.
La Plataforma Chilena de la Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas tuvo un rol destacado en el 13º Foro de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Empresas, celebrado en Ginebra entre el 25 y 27 de noviembre. Esto como parte de las actividades que se desarrollan en el marco del Proyecto REDAR (Respeto Empresarial, Derechos, Ambiente y Responsabilidad), financiado por la Unión Europea.
Este evento constituye el espacio global más importante para analizar los impactos empresariales en comunidades y el medioambiente, promoviendo estrategias que respeten los derechos humanos. Durante tres días, reunió a más de 2.000 participantes de gobiernos, empresas, sociedad civil, sindicatos y organismos internacionales en más de 60 mesas redondas sobre los Principios Rectores de la ONU y temas emergentes, fomentando el intercambio de experiencias, colaboración internacional y políticas que equilibren desarrollo económico y derechos humanos.
Participación clave
En particular, la Plataforma participó en eventos y paneles que resaltaron los desafíos de la región para avanzar en marcos legales que aseguren la responsabilidad empresarial respecto a los derechos humanos y el medioambiente. Por ejemplo, en el panel “Hacia una rendición de cuentas corporativa más efectiva en América Latina”, se discutió sobre la insuficiencia de los Planes de Acción Nacional (PAN) y la relevancia de proponer iniciativas legislativas comprehensivas en países como Chile, Brasil, Perú y Colombia, a pesar de los obstáculos derivados de agendas pro inversión que amenazan con revertir avances en la protección de derechos humanos.
“La importancia de esta participación radica en la capacidad de incidir en las discusiones globales desde una perspectiva regional, visibilizando los desafíos únicos de América Latina y fortaleciendo las redes entre organizaciones de la sociedad civil para impulsar agendas sectoriales que promuevan marcos normativos efectivos y respetuosos de los derechos humanos”, señaló Juan Carlos Cayo, coordinador Plataforma de DDHH y Empresas.
Panel de conversación
José Aylwin, miembro de la Plataforma y co-director del Observatorio Ciudadano, participó en el panel “Hacia una rendición de cuentas corporativa más efectiva en América Latina”, donde se discutieron tendencias normativas, obstáculos para implementar marcos legales y la relevancia de la debida diligencia para prevenir violaciones de derechos.
En su intervención, el integrante de la Plataforma de DDHH y Empresas reflexionó sobre los retos que enfrenta América Latina para avanzar en marcos normativos que garanticen la protección de los derechos humanos en el contexto empresarial. “En varios países de la región, se constata que los marcos que posibilitan la participación ciudadana; la consulta y el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) de los Pueblos Indígenas; el derecho al medio ambiente; y el derecho a la protesta social, entre otros, están siendo restringidos por legislaciones o políticas impulsadas por los gobiernos. Esto es consecuencia de la presión que las corporaciones ejercen sobre los poderes públicos para acelerar la aprobación de sus inversiones, en su mayoría extractivas, dominantes hoy en la región, evidenciando muchas veces su captura corporativa de estos”, señaló Aylwin.
A pesar de este panorama adverso, el co- director del Observatorio Ciudadano, destacó tendencias positivas como el Plan de Acción Regional para Defensores Ambientales, vinculado al Acuerdo de Escazú, y la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de La Oroya, que refuerza la responsabilidad de los estados y las empresas en la protección de derechos humanos y ambientales.
Retos para la Plataforma
En este contexto, la Plataforma continúa articulando esfuerzos con otras organizaciones regionales para incidir en agendas sectoriales y proponer normativas que regulen actividades empresariales, incluyendo las de empresas públicas.
El foro destacó la urgente necesidad de crear marcos legales que obliguen a las empresas, incluidas las estatales, a respetar los derechos humanos. Por otra parte, subrayó la importancia de implementar mecanismos de prevención y reparación que incluyan la consulta previa y la participación de comunidades indígenas afectadas, para proteger sus derechos y prevenir impactos negativos de proyectos de inversión.
“Estas conclusiones son especialmente significativas frente a iniciativas como el Proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, que busca agilizar la aprobación de proyectos de inversión, pero que podría debilitar estándares de participación ciudadana y consulta indígena. La Plataforma destaca la importancia de no solo preservar, sino también fortalecer estos estándares para garantizar la protección efectiva de derechos”, comentó Cayo.