Esta iniciativa busca fortalecer la participación de la sociedad civil en la defensa de los derechos humanos y ambientales frente a la actividad empresarial. A través de capacitaciones, investigaciones y un enfoque en la Ley de Debida Diligencia, el proyecto aspira a transformar el escenario de los conflictos socioambientales en Chile, empoderando a las comunidades locales y promoviendo una regulación más justa.
En un contexto donde Chile enfrenta un número creciente de conflictos socioambientales, donde la actividad empresarial a menudo impacta negativamente en los derechos de comunidades locales surge el Proyecto REDAR (Respeto Empresarial, Derechos, Ambiente y Responsabilidad) como una iniciativa clave para fortalecer la defensa de los derechos humanos en el ámbito empresarial. Impulsado por la Plataforma Chilena de Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas, REDAR busca articular a diversas organizaciones sociales y ambientales para que las voces de las comunidades afectadas sean escuchadas y consideradas en la formulación de políticas públicas.
El Proyecto REDAR es financiado por la Unión Europea, luego de ser adjudicado por la ONG FIMA como solicitante principal y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales junto al Observatorio Ciudadano como co-solicitantes. Esta alianza busca no solo incidir en la creación de marcos normativos más justos, sino también en el empoderamiento de las comunidades para que puedan defender sus derechos frente a la actividad empresarial. REDAR ofrece capacitaciones y fomenta el diálogo con expertos internacionales para fortalecer la incidencia de las organizaciones en el desarrollo de una legislación más robusta, como la Ley de Debida Diligencia empresarial.
Carolina Palma, coordinadora del Proyecto REDAR, nos cuenta sobre los objetivos y desafíos de esta iniciativa, destacando la importancia de fortalecer la participación ciudadana, promover la regulación justa y empoderar a las comunidades para enfrentar los impactos de la actividad empresarial en Chile.
¿Cuál es la importancia de abordar los derechos humanos y ambientales en el contexto de la actividad empresarial en Chile?
La importancia está en que la institucionalidad debe estar preparada para prevenir, monitorear y sancionar cualquier amenaza a los derechos humanos que se derive de la actividad empresarial. Las empresas, si bien son agentes fundamentales para el desarrollo económico, deben actuar con responsabilidad, asegurando que su crecimiento no implique daños a las comunidades ni al medio ambiente. Por otro lado, la ciudadanía debe estar informada y organizada para poder exigir el respeto a sus derechos, ya que esto puede ayudar a evitar conflictos socioambientales y a promover una mayor justicia ambiental. REDAR busca crear un espacio de diálogo y acción para que las comunidades afectadas, junto con las organizaciones de la sociedad civil, puedan incidir en la mejora de la regulación y en la promoción de estándares más rigurosos en materia de derechos humanos.
El proyecto tiene como objetivo fortalecer las capacidades de la sociedad civil. ¿Cómo se planea articular la participación de las organizaciones en los procesos de diálogo y toma de decisiones?
REDAR ofrece un enfoque integral para fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil en torno a la defensa de derechos humanos en el ámbito empresarial. Una de nuestras principales estrategias es brindarles herramientas a través de capacitaciones y talleres, desarrollando competencias para entender mejor el contexto normativo y los derechos que les asisten. Estas actividades se complementan con el intercambio de conocimientos con expertos internacionales y el trabajo directo con comunidades afectadas en diversas regiones de Chile. Buscamos que las organizaciones no solo conozcan los marcos regulatorios, sino que puedan participar activamente en su construcción, representando la voz de las comunidades locales ante los tomadores de decisiones. Además, la articulación con la Plataforma Chilena de Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas nos permite fortalecer redes, potenciando el trabajo conjunto entre actores locales y nacionales, y asegurando que sus demandas sean escuchadas.
En relación con los conflictos socioambientales en Chile, ¿cómo crees que el Proyecto REDAR puede incidir en la mejora de la regulación y las políticas públicas para prevenir la vulneración de derechos?
REDAR busca contribuir activamente a la discusión sobre la creación de un marco normativo robusto, como una Ley de Debida Diligencia empresarial. Este tipo de legislación, que ya ha sido implementada en otros países, permitiría regular de manera integral el cumplimiento de las normativas ambientales por parte de las empresas y su impacto en las comunidades. Además, estamos muy atentos al desarrollo de políticas nacionales, como la Estrategia Nacional del Litio y el Plan de Acción de Hidrógeno Verde, que son iniciativas con un fuerte impacto territorial y ambiental. A través de la Plataforma, buscamos que las comunidades tengan un rol activo en estos procesos y que la perspectiva de derechos humanos sea un eje central en cualquier política pública. Nuestra incidencia se enfoca en asegurar que los marcos regulatorios no solo respondan a las necesidades del mercado, sino también a la protección de las personas y los ecosistemas.
¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan las organizaciones de la sociedad civil en Chile al tratar de incidir en los derechos humanos y ambientales en el contexto empresarial?
Las organizaciones enfrentan varios desafíos importantes. El primero es la articulación interna, que requiere coordinar a distintos actores con objetivos comunes en un contexto de recursos limitados. Es fundamental encontrar formas de unificar las distintas demandas para poder presentar una postura sólida ante las autoridades y el sector privado. En segundo lugar, lograr que el tema de empresas y derechos humanos tenga la relevancia necesaria en el debate público es un reto, ya que a menudo se subestima el impacto social y ambiental de la actividad empresarial. Finalmente, hay un desafío comunicacional, ya que la sociedad civil muchas veces debe enfrentar campañas de desinformación por parte de algunos sectores empresariales, que pueden desvirtuar el trabajo que realizamos para proteger los derechos de las comunidades afectadas. REDAR busca fortalecer a las organizaciones para que puedan enfrentar estos desafíos con más herramientas y estrategias, promoviendo un enfoque de derechos que permee todos los niveles de la discusión pública.