Su candidatura al Premio Nacional de Derechos Humanos releva la importancia de las personas defensoras de derechos humanos y ambientales, así como los desafíos pendientes para prevenir impactos sobre las comunidades en contextos de actividad empresarial. Alonso es fundadora de Mujeres en Resistencia, colectivo parte de la Plataforma Chilena de Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas.
Cada dos años, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) entrega el Premio Nacional de Derechos Humanos, un reconocimiento que busca destacar la contribución de personas defensoras de derechos humanos al país. El premio distingue trayectorias dedicadas a la promoción y protección de los derechos humanos, así como al fortalecimiento de la memoria histórica y de una cultura respetuosa de los derechos fundamentales.
Desde su creación en 2011, a través de una convocatoria pública y abierta, el premio ha destacado a personas vinculadas a ámbitos tan diversos como la memoria, la migración, la vivienda, la inclusión o la defensa ambiental, evidenciando la transversalidad de los derechos humanos. El último reconocimiento, correspondiente al Premio Nacional de Derechos Humanos 2024, fue otorgado a Claudio González Urbina por su trayectoria y aporte en materia de verdad, justicia, reparación y acompañamiento a víctimas de la Dictadura, así como en temas de migración y refugio. En 2026 se elegirá la octava persona galardonada y el proceso de postulaciones ya se encuentra cerrado.
En este contexto, organizaciones vecinales y nacionales han apoyado la postulación de Katta Alonso, cuya trayectoria ha estado marcada por su extensa labor en la defensa de los derechos humanos en territorios afectados por contaminación industrial. Desde Quintero y Puchuncaví, zonas marcadas por décadas de actividad industrial y reiterados episodios de contaminación, Alonso ha desarrollado por más de veinte años una labor de denuncia, organización comunitaria e incidencia pública en defensa del derecho a la salud, a la vida y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
Como fundadora y vocera de Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia (MUZOSARE) y Mujeres en Resistencia –colectivo parte de la Plataforma Chilena de Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas–, su trabajo ha contribuido a visibilizar las consecuencias humanas de la contaminación acumulada en la bahía de Quintero y Puchuncaví, particularmente sobre niños, niñas y adolescentes expuestos durante años a episodios de intoxicación y a condiciones ambientales que han afectado la calidad de vida de las comunidades locales.
Uno de los aportes más significativos de su labor ha sido la instalación del concepto de “zonas de sacrificio” en la discusión pública nacional. A través de la articulación entre organizaciones territoriales, movimientos socioambientales y comunidades afectadas, se logró evidenciar que los impactos de la contaminación no son únicamente una problemática ambiental, sino también una cuestión de derechos humanos.
Un precedente en derechos humanos ambientales
La experiencia de Quintero y Puchuncaví se transformó en uno de los casos más emblemáticos del país respecto de la relación entre actividad económica, protección ambiental y garantía de derechos fundamentales. Entre los hitos asociados a este proceso se encuentra el fallo de la Corte Suprema de 2019, que reconoció la vulneración de derechos fundamentales de las comunidades afectadas y ordenó una serie de medidas destinadas a enfrentar la crisis ambiental y sanitaria de la zona. La resolución fue considerada un precedente relevante para el reconocimiento de los derechos humanos en contextos de contaminación ambiental y para visibilizar las obligaciones del Estado frente a comunidades afectadas por actividades industriales.
Sin embargo, a siete años de la sentencia, organizaciones y comunidades han advertido sobre el incumplimiento de varias de las medidas ordenadas por el tribunal. Mientras tanto, se siguen registrando episodios de intoxicación y continúan las discusiones sobre el futuro ambiental y productivo de la bahía, en un escenario marcado por nuevos proyectos industriales y por el debate sobre cómo compatibilizar el desarrollo económico con el respeto de los derechos humanos y la protección del medio ambiente.
En ese marco, la postulación de Katta Alonso al Premio Nacional de Derechos Humanos representa también una oportunidad para reflexionar sobre el papel de las personas defensoras de derechos humanos y ambientales en Chile. En distintos lugares del país y la región, son ellas quienes suelen alertar tempranamente sobre impactos ambientales, riesgos para la salud o vulneraciones de derechos, enfrentando muchas veces contextos adversos y escaso reconocimiento institucional.
La diversidad de trayectorias reconocidas por el Premio Nacional de Derechos Humanos da cuenta de que la defensa de los derechos fundamentales adopta múltiples formas y responde a distintos desafíos sociales, ambientales y territoriales. En un contexto marcado por crecientes desafíos asociados a la actividad empresarial, la crisis climática y la protección de las comunidades, trayectorias como la de Katta Alonso permiten relevar la importancia de fortalecer las garantías para las personas defensoras, avanzar en mecanismos efectivos de prevención y consolidar una cultura de respeto a los derechos humanos que involucre tanto al Estado como a las empresas.