Por Roberto Morales Farías, coordinador ejecutivo de la Plataforma Chilena de la Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas, publicada en Biobío.
Siempre es bueno recordar que los derechos humanos no son privilegios otorgados por gobiernos benevolentes, ni son concesiones que puedan negociarse según el clima o tendencias políticas determinadas. Estos se han ido construyendo y fortaleciendo por décadas, en procesos nada fáciles que han significado múltiples luchas, sufrimientos y resistencia. Tienen la legitimidad de ser aprobados por consenso de la comunidad internacional. Desde la proclamación en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1945 y otros múltiples instrumentos internacionales posteriormente, muchos de los cuales han sido ratificados por el Estado de Chile, los derechos humanos se han constituido en un referente ético, pero también normativo.
En la actualidad, vivimos tiempos de creciente polarización, desinformación y autoritarismo encubierto. En este contexto, la defensa y respeto de los derechos humanos, muchas veces no pasan de ser un discurso políticamente correcto, que se disocia rápidamente de una práctica que encuentra diversas justificaciones para vulnerarlos.
En esta realidad, aparecen sectores que necesitan identificar un enemigo (interno) a quien culpar de todo mal de la sociedad, estos han intentado instalar en nuestro país, un relato en donde las organizaciones, personas y comunidades que defienden los derechos humanos son catalogados como “radicales”, “ideologizados”, “enemigos del orden” o que “están en contra del crecimiento económico”.
Las organizaciones de la sociedad civil y las y los defensores de derechos humanos no son actores marginales y tampoco enemigos del Estado o de las empresas, como se busca convencer a la ciudadanía. Nuestro trabajo no es un ataque a la estabilidad o al crecimiento económico, sino una defensa de la justicia, que siempre lleva acompañado el esfuerzo por fortalecer la democracia.
Lamentablemente, en países de Latinoamérica, como también en países con democracias consolidadas, las y los defensores deben enfrentar campañas de desprestigio, amenazas, detenciones arbitrarias, y en los casos más graves, asesinatos. Chile no es la excepción.
Esto no surge por casualidad. Es una estrategia predefinida, pues cuando se descalifica o criminaliza la defensa de los derechos humanos, necesariamente se abre la puerta a la impunidad, se normaliza la violencia estatal y de privados, se busca quitarle legitimidad al disenso y afecta la democracia. Es por lo que afirmamos que atacar a las organizaciones de la sociedad civil y a defensoras y defensores de derechos humanos, no es solo un ataque a ellas y ellos, es un ataque a toda la sociedad. Defender los derechos humanos no es un acto de rebeldía ideológica. Defender los derechos humanos, en último término, es defender la dignidad de las personas. Por eso, debemos reivindicar la labor de las organizaciones de la sociedad civil y proteger a las y los defensores de derechos humanos.
En un momento de la historia donde el poder tiende a concentrarse y a justificar sus abusos en nombre del orden, la seguridad o el crecimiento económico, defender los derechos humanos es, más que nunca, un acto de resistencia necesaria.
Es fundamental entender que la democracia no se mide solo por el número de elecciones, sino por la capacidad que tienen los ciudadanos de exigir sus derechos sin temor, y por ende los espacios que la misma sociedad entrega para este objetivo, es relevante. En un modelo político como el nuestro, la participación e incidencia en la toma de decisiones de la ciudadanía es vital.
Desde la Plataforma Chilena de la Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas, que reúne a más de 20 organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos humanos en el ámbito de las acciones de las empresas y sus potenciales impactos negativos, lanzamos la campaña “Defender los derechos humanos, no es radical. Es humano” que busca sensibilizar a nuestra sociedad sobre los peligros que conlleva los ataques, con un discurso descalificativo y muchas veces violento, sobre organizaciones y defensores de derechos humanos en nuestro país.