La Plataforma Chilena de la Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas presentó un informe que define áreas críticas para una futura ley que obligue a las empresas a respetar los derechos humanos y el medio ambiente. El documento fue elaborado por expertos en la materia y pone especial énfasis en la protección de comunidades vulnerables y la responsabilidad de las empresas en toda su cadena de valor.
La Plataforma Chilena de la Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas, en el marco de su proyecto REDAR, presentó el informe titulado «Áreas críticas para legislar sobre la debida diligencia y derechos humanos en empresas». Este documento, dirigido por Judith Schönsteiner, PhD, académica e investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales en conjunto a Pedro Cisterna, abogado e investigador senior del Proyecto REDAR, identifica los puntos claves que deberían ser incluidos en una ley que garantice el respeto a los derechos humanos y la protección ambiental por parte de las empresas.
Los autores subrayan la importancia de definir claramente las obligaciones empresariales, así como los mecanismos de prevención y reparación de impactos negativos sobre las comunidades, los trabajadores y el medio ambiente. Además, el documento destaca la necesidad de un sistema transparente de rendición de cuentas y la creación de estándares específicos para cada sector.
“Este ejercicio de reconocimiento de áreas críticas pretende abordar la obligación concreta de las empresas, las consecuencias de su incumplimiento, el enlace con el sistema jurídico existente, y el desarrollo de derechos de acceso procedimentales”, señalan Schönsteiner y Cisterna. “La propuesta, consideramos, responde a las obligaciones del Estado de Chile de regulación y fiscalización en virtud de los tratados ambientales y de derechos humanos que ha ratificado”, profundizan.
Puntos claves
Entre los aspectos destacados del documento, se enfatiza la necesidad de que las empresas realicen evaluaciones periódicas de riesgos e impactos en sus operaciones, incluyendo toda su cadena de suministro. Esto busca asegurar que las empresas identifiquen y mitiguen los posibles daños a tiempo, protegiendo así a comunidades y ecosistemas vulnerables. Asimismo, se propone que las grandes empresas presenten informes anuales sobre su desempeño en materia de derechos humanos, garantizando así la transparencia hacia el público y las autoridades.
El informe concluye que la implementación de esta ley no solo beneficiaría a las comunidades afectadas, sino que también fortalecería la competitividad de las empresas chilenas en mercados internacionales, donde el respeto por los derechos humanos y la protección ambiental son cada vez más valorados. Además, se resalta que una legislación adecuada permitiría a Chile avanzar en el cumplimiento de sus compromisos internacionales, como el Acuerdo de París y el Acuerdo de Escazú, generando un marco legal que promueva un desarrollo más justo y sostenible.
“Nosotros creemos que contar con un marco legal de responsabilidad corporativa permitirá que en nuestro país se impulse un desarrollo empresarial con estándares éticos elevados en donde el desarrollo productivo esté alineado con la protección de los derechos de las personas, las comunidades y su entorno. Esto permitirá, a nuestro juicio, fortalecer la relación entre empresas y comunidades, promoviendo un diálogo más justo y una colaboración que garantice el bienestar de todos”, puntualizó Roberto Morales, coordinador ejecutivo de la Plataforma de Derechos Humanos y Empresas.
Con esta propuesta, la Plataforma Chilena de la Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas, espera contribuir al debate que en nuestro país se está realizando con el objetivo de construir una normativa en el ámbito de la debida diligencia en derechos humanos.