La región donde más personas declaran conocer vulneraciones laborales por parte de empresas fue el escenario del lanzamiento de la Guía sobre Derechos Humanos y Empresas para la Sociedad Civil en Chile, que reunió a representantes de organizaciones sociales, sindicatos, juntas de vecinos e instituciones, quienes destacaron la necesidad de fortalecer las herramientas disponibles para las comunidades y avanzar hacia una ley de debida diligencia en derechos humanos.
En Chile, las actividades empresariales pueden tener impactos sobre las comunidades, los territorios y el medioambiente. Esto puede traducirse, por ejemplo, en afectaciones al acceso al agua, contaminación, vulneraciones a derechos laborales o conflictos con comunidades por el desarrollo de proyectos de inversión. Sin embargo, el país aún no cuenta con una ley de debida diligencia que establezca obligaciones claras para las empresas en materia de derechos humanos. En este contexto surge la Guía sobre Derechos Humanos y Empresas para la Sociedad Civil en Chile, una publicación que busca entregar a personas, comunidades y organizaciones herramientas para conocer sus derechos y las vías disponibles para exigir su respeto y protección frente a posibles impactos derivados de actividades empresariales, y que fue lanzada recientemente en el Museo Regional de Antofagasta.
La actividad, realizada el pasado jueves 6 de agosto, contó con las exposiciones de Elizabeth Andrade, Premio Nacional de Derechos Humanos en el 2022, el Jefe Regional de la sede de Antofagasta del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Paulo Palma, y el coordinador ejecutivo de la Plataforma Chilena de la Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas, Roberto Morales. Además, reunió a personas representantes de juntas de vecinos, organizaciones y movimientos sociales y sindicales, y organizaciones de la sociedad civil y personas interesadas en la temática.
Durante el encuentro, las y los participantes reflexionaron sobre los desafíos que enfrenta la región en materia de derechos humanos y empresas, particularmente en un contexto donde actividades productivas como la minería conviven con demandas por mejores condiciones laborales, protección ambiental, acceso al agua y participación efectiva de las comunidades en las decisiones que afectan sus territorios.
Antofagasta, una región especialmente expuesta a estos desafíos
La elección de Antofagasta como sede del lanzamiento no es casual. Según la Encuesta sobre Derechos Humanos y Empresas, elaborada por Datavoz en el marco del Proyecto REDAR, el 73,4% de las personas de la región declara haber escuchado o vivido casos en que una empresa vulneró los derechos de trabajadores y trabajadoras, la cifra más alta del país y muy por sobre el promedio nacional, que alcanza un 65,5%.
El escenario regional también se refleja en otros resultados de la encuesta: un 61,2% de las personas en Antofagasta señala haber conocido o vivido vulneraciones de derechos de comunidades por parte de empresas, frente a un 58,4% a nivel nacional. Los datos dan cuenta de la relevancia que tiene esta discusión en una región marcada por una intensa actividad minera y otros proyectos productivos.
En este contexto, uno de los temas que marcó la conversación durante el lanzamiento fue la necesidad de avanzar en un marco legal que establezca obligaciones claras para las empresas en materia de derechos humanos. Una demanda que también encuentra respaldo a nivel nacional: según la misma encuesta, más del 85% de las personas en Chile está de acuerdo con que las empresas identifiquen y prevengan los impactos negativos que pueden generar sobre los derechos humanos, mientras que seis de cada diez consideran necesaria una ley de debida diligencia en derechos humanos.
“Para nosotros es muy importante estar presentes en las regiones y vincularnos con los territorios. En el caso de Antofagasta, nos pareció especialmente significativo poder presentar esta guía aquí y hacerlo junto a una diversidad de organizaciones, sindicatos, organizaciones ambientales, de salud y representantes de instituciones públicas. Este encuentro nos permitió también recoger sus preguntas y experiencias, que son fundamentales para fortalecer nuestro trabajo y para seguir socializando herramientas que permitan a las comunidades y organizaciones conocer y defender sus derechos”, señala Roberto Morales, coordinador ejecutivo de la Plataforma Chilena de la Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas.
Una herramienta para fortalecer a la sociedad civil
La Guía sobre Derechos Humanos y Empresas para la Sociedad Civil en Chile fue elaborada en el marco del Proyecto REDAR por ONG FIMA, el Observatorio Ciudadano y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, en colaboración con la Plataforma Chilena de la Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas, con el apoyo financiero de la Unión Europea.
La publicación explica de manera sencilla los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, el concepto de debida diligencia y distintos mecanismos nacionales e internacionales para denunciar, prevenir y enfrentar posibles vulneraciones de derechos humanos vinculadas a actividades empresariales.
Mabel Cobos Fontana, co-directora del Observatorio Ciudadano y co-editora de la guía, señala que “las actividades empresariales pueden generar impactos que afectan directamente a las comunidades y sus territorios, y muchas veces quienes viven estas situaciones no cuentan con información suficiente sobre sus derechos o sobre las herramientas que tienen para defenderlos. Por eso desarrollamos una guía práctica, cercana e interactiva, pensada para facilitar el acceso a esa información y que personas, comunidades y organizaciones puedan identificar y utilizar los mecanismos de protección disponibles cuando sea necesario”.
Durante el lanzamiento también se anunció una segunda herramienta elaborada en el marco del Proyecto REDAR: la Guía Práctica para comunidades y organizaciones: Exigiendo responsabilidad a empresas en derechos humanos, que será publicada próximamente y que entregará herramientas prácticas para analizar conflictos, generar evidencia y exigir responsabilidad a las empresas.
Ambas publicaciones están pensadas para complementarse y fortalecer la capacidad de acción de comunidades y organizaciones. “Esperamos que esta herramienta pueda ser compartida y utilizada para fortalecer el trabajo que realizan las comunidades y organizaciones en la defensa de sus derechos, porque defender derechos no es algo radical, sino una tarea que podemos asumir desde distintos espacios y territorios”, agrega Morales.
La Guía sobre Derechos Humanos y Empresas para la Sociedad Civil en Chile ya se encuentra disponible para descarga gratuita. La segunda guía estará disponible próximamente en el mismo sitio.