A través de una declaración conjunta, 30 organizaciones de la sociedad civil advierten sobre los desafíos que persisten para garantizar el respeto de los derechos humanos frente a las actividades empresariales y proponen medidas para fortalecer la regulación, la rendición de cuentas y el acceso a la justicia.
En el marco del X Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, realizado en Ciudad de Panamá, organizaciones de la sociedad civil de toda la región suscribieron una declaración conjunta en la que advierten sobre los desafíos que persisten para garantizar el respeto de los derechos humanos frente a las actividades empresariales y llaman a fortalecer los mecanismos de prevención, reparación y acceso a la justicia.
«La declaración fue elaborada durante el Foro Preparatorio de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos y recoge preocupaciones y propuestas construidas colectivamente por organizaciones de distintos países de la región», comenta Roberto Morales, Coordinador Ejecutivo de la Plataforma Chilena de la Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas. «Como Plataforma adherimos a la declaración, reafirmando nuestro compromiso con el fortalecimiento de estándares que permitan prevenir abusos corporativos y garantizar la protección efectiva de las personas y comunidades afectadas», agrega.
En un contexto marcado por múltiples crisis sociales, ambientales y democráticas, las organizaciones advierten que numerosas actividades empresariales continúan generando impactos negativos sobre los derechos humanos y el ambiente, particularmente en sectores como la minería, la energía, la agroindustria, las finanzas y las nuevas tecnologías. Asimismo, expresan preocupación por la expansión de proyectos vinculados a minerales críticos para la transición energética, señalando la necesidad de avanzar hacia una transición justa que ponga en el centro a las personas, los territorios y el trabajo digno.
Entre las principales demandas planteadas se encuentran la adopción de marcos normativos obligatorios sobre empresas y derechos humanos y debida diligencia; el fortalecimiento de mecanismos efectivos de acceso a la justicia y reparación integral para las víctimas; la protección de personas y comunidades defensoras de derechos humanos; la regulación de nuevas tecnologías e inteligencia artificial; y el avance hacia un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre empresas y derechos humanos.
Además, enfatizan la importancia de proteger ecosistemas vulnerables frente a actividades empresariales de alto riesgo, garantizar la participación efectiva de pueblos indígenas y comunidades locales, y fortalecer el rol de los Estados y del sistema multilateral en la protección de los derechos humanos.
A quince años de la adopción de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, las organizaciones firmantes sostienen que los avances alcanzados siguen siendo insuficientes para responder a los desafíos que enfrenta la región. Por ello, reiteran la necesidad de avanzar desde estándares voluntarios hacia mecanismos más robustos, vinculantes y efectivos que permitan prevenir vulneraciones, asegurar la rendición de cuentas empresarial y garantizar la reparación de los daños ocasionados.