Fundación Libera, integrante de la Plataforma Chilena de la Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas, advirtió en el Senado el pasado lunes, los riesgos del proyecto sobre ingreso clandestino para las víctimas de trata de personas y trabajo forzado, especialmente en sectores económicos intensivos de mano de obra, como la agricultura de exportación.
Carolina Rudnick Vizcarra, presidenta de la Fundación Libera contra la Trata de Personas y la Esclavitud en Todas sus Formas y miembro del comité directivo de la Plataforma Chilena de la Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas, fue invitada a intervenir en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado el pasado 20 de abril, en el marco del debate sobre el proyecto de ley que busca modificar la Ley N.° 21.325 de Migración y Extranjería para tipificar el delito de ingreso clandestino al territorio nacional (Boletín N.° 15261-25), que se encuentra en segundo trámite constitucional.
Rudnick advirtió que el proyecto introduce una modificación sustantiva al sistema migratorio chileno con graves riesgos para la protección de víctimas de trata de personas y trabajo forzado. Su presentación identificó tres problemas centrales desde la perspectiva de los derechos humanos y la política antiesclavitud: el proyecto criminaliza precisamente la condición que es explotada por los tratantes para someter a las víctimas —la irregularidad migratoria—; vulnera el principio de no punibilidad de las víctimas consagrado en el Protocolo de Palermo y el Protocolo de la OIT de 2014; y es incompatible con investigaciones de trata robustas, oportunas y eficaces.
La experta sostuvo que el proyecto sin las salvaguardas adecuadas genera riesgos concretos y documentados: la invisibilización de la trata de personas con fines de explotación criminal o criminalidad forzada, el riesgo de criminalización de víctimas de trata y tráfico, la criminalización de la pobreza mediante la prisión preventiva de quienes carezcan de medios para costear su estadía, y el riesgo de explotación y trabajo forzoso en eventuales centros de internación.
Rudnick también alertó sobre la inconstitucionalidad de varias disposiciones del proyecto. El artículo 119 ter, que establece la prisión preventiva de quienes carezcan de documentos de identidad o de medios económicos, constituye una forma de criminalización de la pobreza incompatible con la Constitución Política y la Convención Americana de Derechos Humanos. La priorización de la reconducción o devolución inmediata, que el proyecto establece incluso en casos de detención en flagrancia, es igualmente incompatible con el deber de debida diligencia estatal en materia de trata de personas. La protección que el proyecto contempla para las víctimas de trata —el sobreseimiento definitivo solo cuando «en el curso de la investigación surjan antecedentes calificados»— fue calificada de insuficiente, al quedar subordinada a un estándar probatorio elevado que la víctima raramente podrá satisfacer.
La presentación de Libera también situó el debate legislativo en su contexto internacional: el mismo Informe Nacional de Estimación Comercial 2026 del gobierno de Estados Unidos (USTR) señala que Chile carece de una prohibición de importación de bienes producidos con trabajo forzado, advirtiendo que los sectores que más dependen de mano de obra migrante irregular —como la agricultura de exportación— obtienen una ventaja de mercado injusta precisamente por esa ausencia de protección. Criminalizar la migración irregular sin proteger a las víctimas de la explotación que ese mismo contexto favorece, señaló Rudnick, agrava directamente esa brecha.
En sus conclusiones, Libera recomendó al Senado ponderar adecuadamente los riesgos de vulneración de derechos humanos frente a las medidas de política pública, e incorporar al artículo 119 bis un inciso de no punibilidad explícito para víctimas de trata, tráfico de migrantes y delitos conexos —inciso que existía en el texto original del proyecto pero fue eliminado durante el primer trámite constitucional.
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