{"id":3726,"date":"2026-07-17T10:27:32","date_gmt":"2026-07-17T14:27:32","guid":{"rendered":"https:\/\/derechoshumanosyempresas.cl\/?p=3726"},"modified":"2026-07-17T10:27:32","modified_gmt":"2026-07-17T14:27:32","slug":"opinion-reforma-al-seia-las-indicaciones-del-gobierno-que-arriesgan-judicializar-los-proyectos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/derechoshumanosyempresas.cl\/index.php\/2026\/07\/17\/opinion-reforma-al-seia-las-indicaciones-del-gobierno-que-arriesgan-judicializar-los-proyectos\/","title":{"rendered":"Opini\u00f3n | Reforma al SEIA: las indicaciones del gobierno que arriesgan judicializar los proyectos"},"content":{"rendered":"<h4>Por Constanza Gumucio y Pedro Cisterna, investigadores de Proyecto REDAR y <span class=\"s5\">Plataforma Chilena de la Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas. Publicada en <a href=\"https:\/\/www.ciperchile.cl\/2026\/07\/15\/reforma-al-seia-las-indicaciones-del-gobierno-que-arriesgan-judicializar-los-proyectos\/\">CIPER<\/a>.\u00a0<\/span><\/h4>\n<p class=\"texto-nota\">Han sido varios los a\u00f1os en los que la reforma al Sistema de Evaluaci\u00f3n de Impacto Ambiental (SEIA) se ha discutido mediante distintas iniciativas legislativas. A mediados de junio se presentaron las\u00a0<a href=\"https:\/\/www.camara.cl\/verDoc.aspx?prmID=35983&amp;prmTipo=DOCUMENTO_COMISIONDOCUMENTO\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">indicaciones<\/a>\u00a0del gobierno en la \u00faltima iniciativa presentada en el parlamento\u00a0<a href=\"https:\/\/tramitacion.senado.cl\/appsenado\/templates\/tramitacion\/index.php?boletin_ini=16552-12\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">(Bolet\u00edn 16.552-12)<\/a>. Algunas de estas contribuciones mejoran la t\u00e9cnica legislativa del proyecto y precisan su redacci\u00f3n. Otras, sin embargo, reabren debates y proponen elementos que, de aprobarse, pueden aumentar la litigiosidad, cuando ello es lo que se busca evitar.<\/p>\n<p class=\"texto-nota\">Uno de esos puntos es la figura del Comit\u00e9 de Ministros. Ha existido consenso transversal en torno a que su eliminaci\u00f3n como instancia revisora de las Resoluciones de Calificaci\u00f3n Ambiental (RCA) de los estudios de impacto ambiental era un avance necesario. La discusi\u00f3n que a\u00fan estaba abierta era sobre la propuesta del Senado de trasladar esa funci\u00f3n al Director Ejecutivo o al Director Regional del Servicio de Evaluaci\u00f3n Ambiental (SEA) para resolver el componente pol\u00edtico de la decisi\u00f3n.\u00a0<strong>En las sesiones de la Comisi\u00f3n de Medio Ambiente de la C\u00e1mara, distintas expertas y expertos alertaron de que esa f\u00f3rmula continuaba dejando la resoluci\u00f3n de car\u00e1cter t\u00e9cnico-ambiental en manos de una autoridad de designaci\u00f3n pol\u00edtica y que, adem\u00e1s, la hac\u00eda unipersonal, con lo que se perdi\u00f3 la deliberaci\u00f3n colegiada que, con sus limitaciones, exist\u00eda en el esquema anterior.<\/strong><\/p>\n<p class=\"texto-nota\">La recomendaci\u00f3n que surgi\u00f3 de ese debate fue explorar una instancia colegiada de revisi\u00f3n, pero con la precisi\u00f3n expl\u00edcita de aportar mayor consistencia t\u00e9cnica a la instancia de resoluci\u00f3n. La indicaci\u00f3n del Ejecutivo hace precisamente lo contrario. Esta orientaci\u00f3n contrasta con lo que muestra la experiencia comparada reciente. En\u00a0<a href=\"https:\/\/www2.camara.leg.br\/legin\/fed\/lei\/2025\/lei-15190-8-agosto-2025-797833-publicacaooriginal-176089-pl.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">jurisdicciones como Brasil,<\/a>\u00a0donde el marco legislativo de permisos ambientales incluso ha retrocedido en la exigencia de evaluar los impactos clim\u00e1ticos, han sido los \u00f3rganos t\u00e9cnicos administrativos y los tribunales, y no las instancias de designaci\u00f3n pol\u00edtica, quienes han terminado por exigir una evaluaci\u00f3n m\u00e1s rigurosa de las emisiones de proyectos de alto impacto. La tendencia observable en el derecho comparado es que la solidez t\u00e9cnica de quien resuelve, m\u00e1s que su investidura pol\u00edtica, sostiene la legitimidad y la efectividad de la evaluaci\u00f3n ambiental como herramienta de mitigaci\u00f3n clim\u00e1tica.<\/p>\n<p class=\"texto-nota\">Un segundo punto que las indicaciones del Ejecutivo tensionan es la incorporaci\u00f3n de nuevas tipolog\u00edas al listado del art\u00edculo 10. El texto aprobado por el Senado hab\u00eda incluido los proyectos de producci\u00f3n o almacenamiento de hidr\u00f3geno de dimensiones industriales, y las plantas de desalinizaci\u00f3n y proyectos de extracci\u00f3n intensiva de agua de mar. Su inclusi\u00f3n respond\u00eda a la l\u00f3gica de evaluar industrias emergentes cuyos procesos requieren ser evaluados de manera conjunta y no fragmentada, como hasta ahora se estaba haciendo a ra\u00edz de su evaluaci\u00f3n seg\u00fan otras tipolog\u00edas. La inclusi\u00f3n en el listado garantizaba que esa evaluaci\u00f3n integral fuera exigible.\u00a0<strong>La indicaci\u00f3n del Ejecutivo las elimina sin ofrecer una justificaci\u00f3n basada en criterios ambientales<\/strong>. El efecto pr\u00e1ctico es que las comunidades y territorios donde se instalen estos proyectos no contar\u00e1n con el est\u00e1ndar de evaluaci\u00f3n ambiental obligatoria que el SEIA provee, quedando en una situaci\u00f3n de menor protecci\u00f3n respecto de la que el texto del Senado hab\u00eda reconocido como necesaria.<\/p>\n<p class=\"texto-nota\">La modificaci\u00f3n sugerida por el Ejecutivo parte de un supuesto equivocado, esto es, asumir que los proyectos de mitigaci\u00f3n o adaptaci\u00f3n clim\u00e1tica, como el hidr\u00f3geno verde o la desalinizaci\u00f3n, no generan por s\u00ed mismos efectos ambientales adversos que ameriten evaluaci\u00f3n. Ese supuesto no solo es cuestionable emp\u00edricamente, sino que tambi\u00e9n contradice la tendencia comparada dominante. La\u00a0<a href=\"https:\/\/brill.com\/view\/journals\/clla\/aop\/article-10.1163-18786561-bja10083\/article-10.1163-18786561-bja10083.xml\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">experiencia espa\u00f1ola<\/a>\u00a0es ilustrativa en sentido contrario a lo que busca el Ejecutivo. La simplificaci\u00f3n procedimental de la evaluaci\u00f3n ambiental para acelerar la implementaci\u00f3n de renovables, con la consiguiente reducci\u00f3n de la participaci\u00f3n ciudadana, gener\u00f3, parad\u00f3jicamente, la misma oposici\u00f3n social y los mismos retrasos que buscaba evitar, como mostr\u00f3 el caso de los parques e\u00f3licos de Galicia, que termin\u00f3 en una\u00a0<a href=\"https:\/\/www.europarl.europa.eu\/doceo\/document\/E-10-2026-001168_EN.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">cuesti\u00f3n prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea.<\/a>\u00a0Quitar el rigor evaluativo a los proyectos de transici\u00f3n energ\u00e9tica no acelera necesariamente su despliegue e incluso puede hacerlos m\u00e1s vulnerables a la litigiosidad y a la resistencia territorial. A ello se suma que el aumento de los litigios clim\u00e1ticos no es una tendencia marginal, sino que ha sido reconocido por los \u00f3rganos jurisdiccionales de mayor jerarqu\u00eda, tal como<\/p>\n<p class=\"texto-nota\">sucedi\u00f3 con las opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia de 2025, del Tribunal Internacional del Derecho del Mar de 2024 y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2025.<\/p>\n<p class=\"texto-nota\">Esta \u00faltima cuesti\u00f3n adquiere mayor peso si se considera que el proyecto mantiene la rigidizaci\u00f3n del listado del art\u00edculo 10 mediante la expresi\u00f3n \u201cexclusivamente\u201d, reforzada por un inciso que proh\u00edbe expresamente el ingreso de proyectos o actividades no enumerados. Esa f\u00f3rmula contradice el car\u00e1cter preventivo y precautorio, que forma parte de la esencia del sistema. Un sistema que cierra su listado ante actividades nuevas y, al mismo tiempo, excluye tipolog\u00edas ya reconocidas como problem\u00e1ticas no actualiza la evaluaci\u00f3n ambiental, sino que la reduce.<\/p>\n<p class=\"texto-nota\">En suma, el gobierno no debe tensionar puntos en los que existe consenso entre especialistas, ya que ello dilata una reforma que contiene aspectos necesarios para actualizar la correcta evaluaci\u00f3n de proyectos y actividades, y evitar con ello conflictos y demora en estas.\u00a0<strong>Cuando la evaluaci\u00f3n ambiental pierde rigor t\u00e9cnico o reduce su alcance por razones de conveniencia pol\u00edtica o de aceleraci\u00f3n de la inversi\u00f3n, el resultado no suele ser menos conflicto, sino m\u00e1s.\u00a0<\/strong>La evidencia muestra que son los tribunales, y no los legisladores ni las autoridades pol\u00edticas, quienes terminan supliendo esos vac\u00edos, generalmente a un costo mayor en tiempo, certeza jur\u00eddica y litigiosidad para los propios proyectos que se buscaba favorecer. Las indicaciones del Ejecutivo, al debilitar la exigencia t\u00e9cnica en la revisi\u00f3n de las resoluciones de calificaci\u00f3n ambiental y al acortar el listado de actividades sujetas a evaluaci\u00f3n, no resuelven esa tensi\u00f3n, sino que la trasladan hacia adelante. La convierten en un problema que enfrentar\u00e1n los tribunales ambientales, las comunidades afectadas y, eventualmente, los propios titulares de los proyectos que hoy se pretende beneficiar.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por Constanza Gumucio y Pedro Cisterna, investigadores de Proyecto REDAR y Plataforma Chilena de la Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas. 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