{"id":3699,"date":"2026-06-24T13:45:46","date_gmt":"2026-06-24T17:45:46","guid":{"rendered":"https:\/\/derechoshumanosyempresas.cl\/?p=3699"},"modified":"2026-06-24T15:20:25","modified_gmt":"2026-06-24T19:20:25","slug":"opinion-15-aniversario-de-los-principios-rectores-que-nos-dejo-el-x-foro-regional-sobre-dd-hh-y-empresas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/derechoshumanosyempresas.cl\/index.php\/2026\/06\/24\/opinion-15-aniversario-de-los-principios-rectores-que-nos-dejo-el-x-foro-regional-sobre-dd-hh-y-empresas\/","title":{"rendered":"Opini\u00f3n | 15\u00b0 aniversario de los principios rectores: Qu\u00e9 nos dej\u00f3 el X Foro Regional sobre DD.HH. y empresas"},"content":{"rendered":"

Por Florencia D. Vega, <\/span>Coordinaci\u00f3n Plataforma Chilena de la Sociedad Civil sobre DD.HH. y Empresas<\/span><\/h4>\n
\n

\u00abLa democracia exige que el poder pol\u00edtico sea gobernado por el pueblo y para el pueblo. Cuando la racionalidad de mercado se convierte en el \u00fanico principio rector del Estado, la soberan\u00eda popular se elimina y la justicia se reduce a la rentabilidad. Un Estado que solo rinde cuentas al mercado puede conservar las elecciones, pero ha asesinado a la democracia porque ha desmantelado la capacidad del demos para decidir sobre su propio destino.\u00bb<\/span> (Brown, 2015).<\/p>\n

Referencia: Brown, Wendy. (2015). Undoing the Demos: Neoliberalism’s Stealth Revolution<\/span>. Zone Books<\/p><\/blockquote>\n

Entre el 9 y 11 de junio, la Ciudad de Panam\u00e1 acogi\u00f3 la d\u00e9cima edici\u00f3n del Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos para Am\u00e9rica Latina y el Caribe. Fue la primera vez que el encuentro se celebr\u00f3 presencialmente en Centroam\u00e9rica, rompiendo una trayectoria inaugurada en Medell\u00edn (2013) y continuada en Santiago, Bogot\u00e1 y S\u00e3o Paulo. La coincidencia con el decimoquinto aniversario de los Principios Rectores de las Naciones Unidas no debiera ser le\u00edda como un hito de complacencia institucional. En un contexto de urgencia clim\u00e1tica y despojo cotidiano en los territorios del Sur Global, la debida diligencia empresarial transita por un momento bisagra.<\/p>\n

Los datos de la \u00faltima edici\u00f3n presencial (S\u00e3o Paulo, 2025) revelaban una tendencia preocupante: el sector empresarial monopoliz\u00f3 el 40% de la participaci\u00f3n, frente al 24% de la sociedad civil, el 7% de los pueblos ind\u00edgenas y apenas el 6% de instituciones estatales. Este desequilibrio reflejaba el riesgo de captura de un espacio que deber\u00eda ser de derechos humanos y que se convierte, progresivamente, en una plataforma de validaci\u00f3n corporativa. La sociedad civil lleg\u00f3 a Panam\u00e1 con la misi\u00f3n de revertir esa inercia.<\/p>\n

Sin embargo, el propio desarrollo del Foro confirm\u00f3 algunas de las preocupaciones previas. La participaci\u00f3n fue m\u00e1s reducida de lo esperado, la difusi\u00f3n local result\u00f3 limitada y persistieron las barreras de financiamiento para que l\u00edderes y lideresas de distintos pa\u00edses de la regi\u00f3n pudieran asistir. La escasa presencia de quienes viven directamente los impactos de proyectos empresariales contin\u00faa siendo uno de los principales d\u00e9ficits de legitimidad de estos espacios.<\/p>\n

La ilusi\u00f3n de la prevenci\u00f3n europea<\/span><\/h4>\n

El debate global est\u00e1 dominado por las directivas de la Uni\u00f3n Europea en materia de sostenibilidad, marcos centrados casi exclusivamente en la prevenci\u00f3n de da\u00f1os futuros. Esta mirada resulta incongruente con Am\u00e9rica Latina, en donde mientras las matrices europeas debaten c\u00f3mo evitar la degradaci\u00f3n ambiental de ma\u00f1ana, las comunidades del Sur Global debemos lidiar con la impunidad de da\u00f1os hist\u00f3ricos y pasivos ambientales acumulados durante d\u00e9cadas de extractivismo desregulado.<\/p>\n

La asimetr\u00eda contin\u00faa vigente y transforma a las comunidades en una fuente de datos para alimentar matrices ESG que otorgan tranquilidad a los fondos de inversi\u00f3n internacionales. La degradaci\u00f3n irreversible de un maritorio por la salmonicultura intensiva en los fiordos australes o la desecaci\u00f3n de cuencas h\u00eddricas por la fiebre del litio se vuelven matem\u00e1ticamente tolerables si el holding transnacional demuestra en su balance consolidado que financia un parque e\u00f3lico en el Mar del Norte. La debida diligencia de matriz europea no busca desmantelar las bases del extractivismo: busca optimizarlo para que el Norte Global limpie su porvenir energ\u00e9tico a expensas de la geograf\u00eda del Sur.<\/p>\n

Esta exclusi\u00f3n material se ve agravada por un factor concreto: la propia organizaci\u00f3n del foro reconoci\u00f3 que, debido a la crisis de financiamiento de Naciones Unidas, esta d\u00e9cima edici\u00f3n no dispuso de fondos para costear el traslado de ponentes, obstaculizando la asistencia de los verdaderos titulares de derechos. Participar de este encuentro \u00a0signific\u00f3 un esfuerzo que profundiza la precariedad de quienes defendemos derechos \u00a0fuera de un esquema institucional, en territorios, por nuestros propios medios.<\/p>\n

La paradoja del Estado socio<\/span><\/h4>\n

El sistema internacional presupone la existencia de un Estado neutral capaz de fiscalizar a los actores econ\u00f3micos. Esta hip\u00f3tesis choca con una contradicci\u00f3n estructural en Am\u00e9rica Latina, regi\u00f3n donde el Estado es, simult\u00e1neamente, el principal socio, aval y promotor de la actividad extractiva que vulnera a su propia poblaci\u00f3n. Las mismas autoridades que firman Planes de Acci\u00f3n Nacional promueven activamente la flexibilizaci\u00f3n de normativas ambientales para atraer capitales extranjeros, compitiendo entre s\u00ed para abrir sus territorios al litio, el cobre o el hidr\u00f3geno \u201cverde\u201d, subordinando la soberan\u00eda regulatoria y la consulta previa a los imperativos del mercado.<\/p>\n

Al revisar el segundo Plan de Acci\u00f3n Nacional de Derechos Humanos y Empresas de Chile (2022-2025) (PAN II), es posible constatar que la debida diligencia se presenta ante los gremios empresariales como una oportunidad de negocio o un mecanismo para mitigar riesgos reputacionales, mientras el PAN III fue retirado de Contralor\u00eda y espera su entrada en vigencia hace meses. Cuando el propio Estado adopta ese lenguaje corporativo, convalida la idea de que los derechos humanos son un factor de estabilidad comercial y no un l\u00edmite absoluto a la actividad econ\u00f3mica. El rol p\u00fablico se degrada: pasa de la garant\u00eda de derechos a la administraci\u00f3n de la conflictividad social.<\/p>\n

Esta tensi\u00f3n se vuelve especialmente visible en Chile. Mientras se multiplican los discursos sobre conducta empresarial responsable, persisten preocupaciones respecto de la criminalizaci\u00f3n de quienes defienden derechos humanos y ambientales, as\u00ed como pr\u00e1cticas de silencio administrativo que dificultan el acceso oportuno a mecanismos de protecci\u00f3n y respuesta institucional. La demora en la implementaci\u00f3n de nuevas herramientas p\u00fablicas en materia de empresas y derechos humanos termina trasladando los costos de la inacci\u00f3n a las comunidades afectadas.<\/p>\n

Frente a la captura t\u00e9cnica del est\u00e1ndar y la complicidad estatal, el Foro de Panam\u00e1 represent\u00f3 una oportunidad pol\u00edtica para reclamar la soberan\u00eda conceptual de la debida diligencia. Los procesos de revisi\u00f3n no pueden seguir siendo auditor\u00edas privadas ejecutadas por firmas consultoras contratadas por las mismas empresas. Es apremiante transitar hacia una corresponsabilidad territorial obligatoria, donde la viabilidad de cualquier proyecto est\u00e9 supeditada al respeto de los l\u00edmites ecol\u00f3gicos de los ecosistemas y maritorios.<\/p>\n

Una debida diligencia con perspectiva latinoamericana debe incorporar las cosmovisiones de los pueblos originarios y las comunidades rurales, devolviendoles su estatus de sujetos con capacidad de veto y decisi\u00f3n soberana sobre su propio territorio. Am\u00e9rica Latina posee un acervo hist\u00f3rico de luchas y desarrollos jur\u00eddicos de vanguardia, como el Acuerdo de Escaz\u00fa, que obliga a garantizar el acceso a la informaci\u00f3n ambiental, la participaci\u00f3n p\u00fablica y la protecci\u00f3n de las personas defensoras del medio ambiente. Es un tratado que debemos hacer funcionar.<\/p>\n

Precisamente, uno de los debates m\u00e1s relevantes del Foro fue el creciente reconocimiento de que la protecci\u00f3n de las personas defensoras no puede agotarse en declaraciones de apoyo o reconocimiento simb\u00f3lico. Las organizaciones demandan garant\u00edas efectivas de participaci\u00f3n, mecanismos de seguridad y respuestas institucionales oportunas. En este contexto, Escaz\u00fa aparece como uno de los avances m\u00e1s concretos de la regi\u00f3n, porque adem\u00e1s de reafirmar principios, establece procedimientos. Sin embargo, la existencia de mecanismos es apenas un primer paso; su eficacia depende de la capacidad de los Estados para implementarlos de manera oportuna y accesible, y eso significa tener hojas de ruta que garanticen el cumplimiento de sus pilares.<\/p>\n

Quince a\u00f1os despu\u00e9s de la adopci\u00f3n de los Principios Rectores, la discusi\u00f3n regional tambi\u00e9n parece desplazarse desde la prevenci\u00f3n hacia la reparaci\u00f3n. El Pilar III contin\u00faa siendo el componente menos desarrollado de la agenda de empresas y derechos humanos. La existencia formal de mecanismos de reclamo o acceso a justicia resulta insuficiente si las comunidades siguen enfrentando barreras econ\u00f3micas, institucionales o pol\u00edticas para obtener reparaci\u00f3n efectiva. La justicia restaurativa debiera transformarse en uno de los principales desaf\u00edos de la pr\u00f3xima etapa regional.<\/p>\n

Si durante el siglo XX el derecho internacional avanz\u00f3 en la regulaci\u00f3n de emisiones y actividades econ\u00f3micas, el desaf\u00edo emergente del siglo XXI parece concentrarse cada vez m\u00e1s en la regulaci\u00f3n de relaciones de poder. En ese contexto, la calidad democr\u00e1tica de nuestros Estados ser\u00e1 tan determinante para la debida diligencia como cualquier est\u00e1ndar internacional, y se encuentra tensionada por gobiernos anti-derechos que clausuran la participaci\u00f3n, desprotegen a las personas defensoras y bloquean la reparaci\u00f3n mediante .<\/p>\n

Las deliberaciones de Panam\u00e1 no pueden transcurrir en el aislamiento de salones ministeriales.La pregunta de fondo es si seremos capaces de construir una arquitectura jur\u00eddica internacional sostenida en democracias reales y orientada a desmantelar las asimetr\u00edas de poder de las empresas transnacionales, o si continuaremos perfeccionando un sistema cosm\u00e9tico que valida falsas soluciones para que el engranaje de la explotaci\u00f3n contin\u00fae operando sin cambios de fondo ni de estructura.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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