{"id":3696,"date":"2026-06-23T18:34:55","date_gmt":"2026-06-23T22:34:55","guid":{"rendered":"https:\/\/derechoshumanosyempresas.cl\/?p=3696"},"modified":"2026-06-23T18:34:55","modified_gmt":"2026-06-23T22:34:55","slug":"glaciares-rocosos-y-mineria-en-chile-vacios-normativos-y-derechos-humanos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/derechoshumanosyempresas.cl\/index.php\/2026\/06\/23\/glaciares-rocosos-y-mineria-en-chile-vacios-normativos-y-derechos-humanos\/","title":{"rendered":"Glaciares rocosos y miner\u00eda en Chile: vac\u00edos normativos y derechos humanos"},"content":{"rendered":"

Por Manuel N\u00fa\u00f1ez, Jos\u00e9 Contreras y Cristobal G\u00f3mez<\/strong><\/h4>\n

En Chile, la miner\u00eda presiona ecosistemas de alta monta\u00f1a, donde los glaciares cumplen un rol clave en el equilibrio ecol\u00f3gico y la provisi\u00f3n de agua. No existe un marco legal espec\u00edfico ni normativa suficiente que los proteja. El caso Pascua Lama, cerrado y multado por la Corte Suprema en 2022, muestra esta vulnerabilidad. Este an\u00e1lisis revisa si la ley chilena cumple con la Opini\u00f3n Consultiva OC-32\/25 de la Corte IDH y con las obligaciones de prevenci\u00f3n, sanci\u00f3n y reparaci\u00f3n que impone la CADH.<\/span><\/p>\n

Chile ha avanzado en materia ambiental con la Ley Marco de Cambio Clim\u00e1tico N\u00b021.455, que busca la neutralidad al 2050. Esta establece instrumentos de gesti\u00f3n y principios como justicia clim\u00e1tica, no regresi\u00f3n, progresividad, enfoque ecosist\u00e9mico, equidad y participaci\u00f3n, alineados con el Acuerdo de Par\u00eds y la equidad intergeneracional.<\/span><\/p>\n

Estos avances se alinean parcialmente con la OC-32\/25, notificada el 3 de julio de 2025 tras la solicitud conjunta de Chile y Colombia. La Opini\u00f3n reconoce el derecho a un clima estable como componente del derecho a un medio ambiente sano y ordena a los Estados prevenir, mitigar y remediar los impactos del cambio clim\u00e1tico sobre los derechos humanos. La Corte enfatiza la necesidad de regular eficazmente las actividades privadas, proteger a los grupos vulnerables, incluidos pueblos ind\u00edgenas y personas defensoras ambientales, y garantizar el acceso a la informaci\u00f3n, la participaci\u00f3n y la justicia ambiental.<\/span><\/p>\n

La Ley del Servicio de Biodiversidad y \u00c1reas Protegidas N\u00b021.600 (SBAP) incorpora glaciares al Sistema Nacional de \u00c1reas Protegidas; la reforma del C\u00f3digo de Aguas proh\u00edbe nuevos derechos sobre glaciares, y la ley de delitos ambientales penaliza su da\u00f1o. Estos instrumentos buscan cumplir con est\u00e1ndares interamericanos y fortalecer la diligencia estatal, pero persisten vac\u00edos normativos y desaf\u00edos en su aplicaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

En el caso espec\u00edfico de los glaciares rocosos, un desaf\u00edo estructural adicional es la falta de informaci\u00f3n completa. El Inventario Nacional de Glaciares de la Direcci\u00f3n General de Aguas registr\u00f3 26.180 glaciares e incluy\u00f3 por primera vez a los rocosos, que representan cerca del 13,7% del total. Sin embargo, los datos siguen incompletos, ya que los m\u00e9todos tradicionales priorizan el hielo expuesto y dejan fuera numerosas formaciones cubiertas de detritos. Proyectos recientes, como el Sistema de Monitoreo de Glaciares Rocosos, que aplica sensores satelitales e inteligencia artificial, buscan subsanar estas brechas y avanzar hacia un catastro m\u00e1s preciso.<\/span><\/p>\n

La insuficiencia de inventarios tiene implicancias directas en las l\u00edneas base ambientales utilizadas para aprobar proyectos extractivos, que hasta hace poco omit\u00edan los glaciares rocosos. Esto limita la evaluaci\u00f3n de impactos y pone en riesgo recursos h\u00eddricos esenciales, especialmente ante el retroceso de los glaciares blancos. Pese a las reformas, no existe una regulaci\u00f3n espec\u00edfica para los glaciares rocosos. Si bien el C\u00f3digo de Aguas reformado proh\u00edbe nuevos derechos, carece de criterios t\u00e9cnicos para su manejo o monitoreo y la protecci\u00f3n del SBAP solo alcanza a una fracci\u00f3n de ellos.<\/span><\/p>\n

Perspectivas: proyecto El Alto y desaf\u00edos pendientes<\/b><\/h4>\n

El proyecto Pascua Lama marc\u00f3 un antes y un despu\u00e9s en la discusi\u00f3n ambiental, pero en 2025 Barrick reactiv\u00f3 sus planes en la misma cordillera. El nuevo proyecto de prospecci\u00f3n, llamado \u00abEl Alto\u00bb, contempla una etapa de exploraci\u00f3n de dos a\u00f1os en concesiones vigentes de la cuenca del Huasco, contigua al \u00e1rea del antiguo proyecto. Seg\u00fan la empresa, El Alto no afectar\u00eda glaciares ni crioformas y se desarrollar\u00eda manteniendo espacios de di\u00e1logo con la comunidad durante la evaluaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

La experiencia previa, sin embargo, pesa. Sebasti\u00e1n Cruz, vocero de la comunidad diaguita Patay Co, advierte que las ofertas de dinero generan divisiones internas y que el proyecto \u00abseguir\u00e1 destruyendo nuestro r\u00edo y nuestros glaciares\u00bb. Por su parte, la comunidad Wicaikocua del Corral de la Cuesta denunci\u00f3 formalmente a la empresa ante la Superintendencia del Medio Ambiente y la Direcci\u00f3n General de Aguas. Las comunidades temen repetir el ciclo de da\u00f1os en los glaciares Toro I, Toro II y Esperanza, afectados, seg\u00fan fuentes de prensa y organizaciones ambientales, hasta en torno al 90% durante las obras de Pascua Lama.<\/span><\/p>\n

Este escenario subraya la necesidad de superar los vac\u00edos normativos. El SBAP y las reformas al C\u00f3digo de Aguas mejoraron la protecci\u00f3n, pero solo alcanzan a los glaciares dentro de \u00e1reas protegidas o impiden nuevos derechos de agua sobre ellos, sin embargo, muchos glaciares rocosos siguen sin tutela legal. Chile a\u00fan carece de un marco reglamentario integral. Se requiere, por un lado, concluir la tramitaci\u00f3n de las iniciativas legislativas pendientes en el Congreso y, por otro, reforzar la fiscalizaci\u00f3n ambiental, en particular en la alta monta\u00f1a.<\/span><\/p>\n

La OC-32\/25 exige una debida diligencia reforzada frente a la emergencia clim\u00e1tica. Esto implica prevenci\u00f3n basada en la mejor ciencia disponible, regulaci\u00f3n efectiva de las actividades privadas, protecci\u00f3n de grupos vulnerables y acceso real a la informaci\u00f3n y la justicia. En Chile estos instrumentos existen, pero su alcance pr\u00e1ctico es parcial, y subsisten desaf\u00edos concretos en la protecci\u00f3n de los glaciares rocosos. Entre estos desaf\u00edos destacan la ausencia de una definici\u00f3n legal, operativa y obligatoria de \u00abglaciar rocoso\u00bb, el registro deficiente de los glaciares cubiertos por detritos y la cobertura territorial parcial del SBAP, que deja espacios en los que la actividad extractiva opera con menor restricci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

A ello se suma que el r\u00e9gimen del C\u00f3digo de Aguas, a\u00fan en implementaci\u00f3n, no provee mecanismos t\u00e9cnicos para impedir la apropiaci\u00f3n indirecta o el uso que amenaza la funci\u00f3n h\u00eddrica de los glaciares rocosos, afectando la garant\u00eda del derecho al agua. El caso Pascua Lama demostr\u00f3, adem\u00e1s, que la SMA y los tribunales pueden sancionar y clausurar proyectos, pero la intervenci\u00f3n se produjo cuando el da\u00f1o ya era significativo. La ausencia de respuestas preventivas, de supervisi\u00f3n continua y de reparaci\u00f3n integral limita la eficacia de la sanci\u00f3n. Finalmente, las comunidades ind\u00edgenas afectadas han denunciado la falta de consulta adecuada y las presiones socioecon\u00f3micas, lo que erosiona la justicia procedimental que manda la Opini\u00f3n, sin que las sanciones se acompa\u00f1en de planes estatales de restauraci\u00f3n o compensaci\u00f3n integral.<\/span><\/p>\n

En definitiva, se evidencia un desfase persistente entre las obligaciones internacionales asumidas por el Estado y la eficacia pr\u00e1ctica del marco vigente. La ausencia de una definici\u00f3n legal, la insuficiencia de inventarios y la cobertura parcial de las instituciones ambientales permitieron proyectos como Pascua Lama sin garant\u00edas suficientes para las comunidades ni el ambiente. Los nuevos proyectos no deber\u00edan basarse \u00fanicamente en la viabilidad econ\u00f3mica, sino en compromisos reales que aseguren una inversi\u00f3n consciente y responsable. Superar estas brechas exige avanzar hacia una regulaci\u00f3n espec\u00edfica, fortalecer la base cient\u00edfica de las evaluaciones y consolidar una fiscalizaci\u00f3n preventiva acorde con los est\u00e1ndares interamericanos en derechos humanos y cambio clim\u00e1tico.<\/span><\/p>\n

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Este art\u00edculo forma parte del Semillero de Derechos Humanos y Empresas de la Universidad Diego Portales.<\/em><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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