{"id":3472,"date":"2026-03-12T14:57:38","date_gmt":"2026-03-12T17:57:38","guid":{"rendered":"https:\/\/derechoshumanosyempresas.cl\/?p=3472"},"modified":"2026-03-12T14:57:38","modified_gmt":"2026-03-12T17:57:38","slug":"columna-de-opinion-gobierno-de-kast-y-el-peligro-de-una-captura-corporativa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/derechoshumanosyempresas.cl\/index.php\/2026\/03\/12\/columna-de-opinion-gobierno-de-kast-y-el-peligro-de-una-captura-corporativa\/","title":{"rendered":"Columna de opini\u00f3n | Gobierno de Kast y el peligro de una captura corporativa"},"content":{"rendered":"

Por Jos\u00e9 Aylwin Oyarz\u00fan, Coordinador del Programa de Globalizaci\u00f3n y Derechos Humanos e integrante de la Plataforma de Sociedad Civil Chilena de Derechos Humanos y Empresas; y Francisco Arellano, Coordinador de Incidencia del Proyecto REDAR y Plataforma de Sociedad Civil Chilena de Derechos Humanos y Empresas. Publicada en CIPER Chile<\/a>.<\/em><\/h3>\n

El 11 de marzo de 2026, Chile inici\u00f3 un nuevo per\u00edodo de gobierno bajo la conducci\u00f3n del presidente Jos\u00e9 Antonio Kast. La composici\u00f3n de su gabinete y principales subsecretar\u00edas revela un patr\u00f3n preocupante: un n\u00famero significativo de las personas designadas para dirigir el aparato institucional del Estado provienen directamente de las industrias, gremios y asociaciones empresariales que dichas instituciones tienen por funci\u00f3n regular. Este fen\u00f3meno tiene nombre: captura corporativa.<\/p>\n

Se trata de una realidad contraria a las directrices de derechos humanos sobre las empresas, y por lo mismo representa una amenaza para su respeto y protecci\u00f3n. En efecto, desde la adopci\u00f3n en 2011 de los\u00a0Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos<\/a>, el derecho internacional ha establecido con claridad la arquitectura de responsabilidades en la materia. El Pilar 1 de dichos Principios consagra el deber del Estado de proteger los derechos humanos frente a las acciones de terceros, incluidas las empresas. Este deber no es puramente declarativo:\u00a0exige que los Estados adopten medidas concretas para prevenir, investigar, sancionar y reparar los abusos cometidos por actores privados en el marco de sus operaciones.<\/b><\/p>\n

Ese deber de protecci\u00f3n es, precisamente, el que se ve comprometido cuando quienes deben ejercerlo tienen v\u00ednculos directos, recientes y sustantivos con los actores que deben regular. Los Principios Rectores son expl\u00edcitos al respecto: los Estados deben asegurarse de que los departamentos, agencias y otras instituciones estatales que regulan las pr\u00e1cticas empresariales ejerzan las obligaciones en derechos humanos del Estado. Esto implica la necesaria independencia entre el regulador y el regulado, condici\u00f3n de la esencia de una tutela efectiva de derechos.<\/p>\n

El\u00a0Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Empresas (2020)<\/a>\u00a0ha llamado la atenci\u00f3n sobre el peligro que para los derechos humanos representa la influencia de las empresas en los procesos tanto legislativos como regulatorios, toda vez que puede anular la capacidad del Estado de actuar en favor del inter\u00e9s p\u00fablico.<\/p>\n

A ello se suma la\u00a0Observaci\u00f3n General N\u00b0 24 del Comit\u00e9 de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (2017)<\/a>, que subraya expl\u00edcitamente que\u00a0los Estados deben adoptar medidas para prevenir los conflictos de inter\u00e9s de los funcionarios p\u00fablicos con el sector privado, incluyendo regulaciones sobre los casos de \u00abpuerta giratoria\u00bb<\/b>\u00a0\u2014es decir, el tr\u00e1nsito sin restricciones entre cargos p\u00fablicos y posiciones en las industrias reguladas.<\/p>\n

Sin embargo, este asunto pareciera no ser en absoluto prioridad del nuevo gobierno.\u00a0Jorge Quiroz asume el Ministerio de Hacienda\u00a0<\/b>con un historial que plantea preguntas graves sobre su relaci\u00f3n con la libre competencia y la tutela de los consumidores. Como economista consultor,\u00a0particip\u00f3 en los casos de colusi\u00f3n m\u00e1s emblem\u00e1ticos de la historia econ\u00f3mica reciente del pa\u00eds<\/a>, siempre del mismo lado: la defensa de los infractores. En el cartel de los pollos \u2014la colusi\u00f3n m\u00e1s millonaria de Chile, que mantuvo precios artificialmente altos entre 1994 y 2010\u2014 el fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), confirmado por la Corte Suprema, menciona informes y modelos de su autor\u00eda utilizados por las empresas coludidas para coordinar cuotas de producci\u00f3n. En la colusi\u00f3n de las farmacias declar\u00f3 ante el mismo tribunal que no exist\u00edan indicios de acuerdo entre las empresas. Quien conduce Hacienda define las prioridades del presupuesto p\u00fablico, las se\u00f1ales de pol\u00edtica fiscal y el marco regulatorio del sistema financiero. Que ese rol recaiga en quien tuvo ese historial es sin duda una grave fuente de preocupaci\u00f3n.<\/p>\n

Daniel Mas llega al doble ministerio de Econom\u00eda y Miner\u00eda\u00a0<\/b>desde la vicepresidencia de la Confederaci\u00f3n de la Producci\u00f3n y el Comercio (CPC), la principal organizaci\u00f3n gremial empresarial del pa\u00eds. Sus decisiones sobre royalties, regulaci\u00f3n ambiental y territorios ind\u00edgenas en zonas de extracci\u00f3n tendr\u00e1n consecuencias directas sobre derechos humanos. El paso inmediato desde la c\u00fapula del empresariado organizado a la rector\u00eda de estas \u00e1reas es una expresi\u00f3n paradigm\u00e1tica de captura corporativa.<\/p>\n

\u00c1lvaro Gonz\u00e1lez, quien asume la Subsecretar\u00eda de Miner\u00eda<\/b>, fue director del Comit\u00e9 de Asuntos Legislativos de la Sociedad Nacional de Miner\u00eda (SONAMI), gremio que representa los intereses de los grandes operadores mineros privados. Ser\u00e1 \u00e9l quien encabece la regulaci\u00f3n t\u00e9cnica de una industria con impactos documentados sobre el agua, los territorios ind\u00edgenas y las zonas de sacrificio ambiental.<\/p>\n

Francisco P\u00e9rez Mackenna asume la Canciller\u00eda\u00a0<\/b>proveniente de la gerencia general de Qui\u00f1enco, el holding del Grupo Luksic, uno de los conglomerados empresariales m\u00e1s grandes de Chile con inversiones en banca, industria, energ\u00eda y transporte. La pol\u00edtica exterior no es un \u00e1mbito ajeno a los intereses de los grandes grupos econ\u00f3micos: los tratados de libre comercio, los mecanismos de protecci\u00f3n de inversiones, las relaciones con organismos multilaterales y las posiciones del Estado chileno ante foros internacionales tienen consecuencias directas sobre el entorno regulatorio en que operan las empresas. Que la representaci\u00f3n del Estado chileno ante el mundo quede a cargo de quien hasta hace semanas dirig\u00eda uno de los mayores conglomerados privados del pa\u00eds plantea una pregunta leg\u00edtima: \u00bfa qui\u00e9n representar\u00e1 Chile en la mesa de negociaciones?<\/p>\n

Paula Est\u00e9vez llega a la Subsecretar\u00eda de Relaciones Econ\u00f3micas Internacionales\u00a0<\/b>desde la gerencia general de la C\u00e1mara Chileno-Norteamericana de Comercio (AmCham Chile), que agrupa a las principales transnacionales con operaciones en el pa\u00eds. Sus responsabilidades incluyen la negociaci\u00f3n de tratados de libre comercio y la gesti\u00f3n de mecanismos de protecci\u00f3n de inversiones, instrumentos que hist\u00f3ricamente han sido utilizados para cuestionar regulaciones estatales en materia ambiental y de derechos humanos. Los graves eventos que han ocurrido a nivel internacional estos \u00faltimos meses alertan sobre lo vital para la soberan\u00eda de nuestro pa\u00eds que quien vele por nuestras relaciones comerciales lo haga pensando en el bien de Chile, y no de sus recientes socios comerciales.<\/p>\n

Los casos descritos no son los \u00fanicos. La ministra de Salud, May Chomali, trabaj\u00f3 m\u00e1s de 20 a\u00f1os en la Cl\u00ednica Las Condes, llegando a ser su subdirectora y directora m\u00e9dica; la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, proviene de Libertad y Desarrollo, think tank financiado por sectores empresariales agresivamente entusiastas de la desregulaci\u00f3n ambiental; el ministro de Defensa, Fernando Barros Tocornal, ex abogado de Pinochet, detractor p\u00fablico de las normativas para regular el comportamiento de las empresas, cuyo estudio Barros & Err\u00e1zuriz ha defendido por d\u00e9cadas los intereses empresariales, incluyendo los de la firma china detr\u00e1s del cable \u00f3ptico a nuestro pa\u00eds; e Iv\u00e1n Poduje, cuya consultora Atisba asesora al sector inmobiliario, asume Vivienda, una cartera directamente expuesta al lobby de la industria inmobiliaria y constructora. En la segunda l\u00ednea, los conflictos se replican: Karl Franz Koehler, socio de Dentons Chile \u2014una de las firmas de abogados corporativos m\u00e1s grandes del pa\u00eds\u2014, asume la Subsecretar\u00eda de Econom\u00eda; Francesco Venezian, con trayectoria en la SNA y la agroindustria, llega a la Subsecretar\u00eda de Agricultura; y Sebasti\u00e1n Figueroa, ex gerente general de la Asociaci\u00f3n Chilena de Seguridad llega a la Subsecretar\u00eda de Desarrollo Regional y Administrativo.<\/p>\n

Esta preocupaci\u00f3n no implica que las personas provenientes del mundo empresarial no puedan servir en el Estado. Sin embargo,\u00a0lo que corresponde de acuerdo al est\u00e1ndar de derechos humanos en esta materia, es que cuando esa trayectoria profesional crea un conflicto estructural entre las funciones p\u00fablicas asumidas y los intereses del sector de origen, el Estado tiene la obligaci\u00f3n de establecer salvaguardias efectivas: per\u00edodos de incompatibilidad, transparencia sobre v\u00ednculos previos, mecanismos de control independientes.<\/b>\u00a0La ausencia de esas salvaguardias no solo compromete la calidad de la gesti\u00f3n p\u00fablica: compromete el cumplimiento de obligaciones internacionales vinculantes en materia de derechos humanos que el Estado de Chile ha adquirido.<\/p>\n

Junto a lo anterior, se hace indispensable en este contexto la aprobaci\u00f3n por el Congreso de la legislaci\u00f3n sobre la transparencia y acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica, as\u00ed como en particular de la legislaci\u00f3n que regula la actividad del lobby, cuya insuficiencia ha quedado en brutal evidencia en el denominado caso Hermosilla. Tal como se\u00f1ala el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la materia antes referido, resulta fundamental contar con leyes firmes y claras sobre los conflictos de intereses puede contribuir a prevenir la corrupci\u00f3n e infundir confianza en las instituciones p\u00fablicas (Grupo de Trabajo, 2020).<\/p>\n

La ciudadan\u00eda, las organizaciones de la sociedad civil, el Congreso tienen razones fundadas para temer que un gabinete con la composici\u00f3n antes se\u00f1alada pueda incidir en una captura corporativa del Estado, y que los evidentes conflictos de inter\u00e9s que este generar\u00e1 puedan deteriorar la protecci\u00f3n de los derechos humanos frente al poder del empresariado. Es por ello que se hace necesario exigir que el nuevo gobierno d\u00e9 a conocer las medidas que adoptar\u00e1 para evitar dicha captura corporativa, y para asegurar que la protecci\u00f3n de los derechos de la poblaci\u00f3n primar\u00e1 sobre el inter\u00e9s del empresariado que hasta ahora tan marcadamente han defendido quienes hoy asumen funciones p\u00fablicas. La observaci\u00f3n y la denuncia p\u00fablica, en este contexto, no deben entenderse como actos de mera \u201coposici\u00f3n\u201d pol\u00edtica, sino como un ejercicio de exigibilidad de los compromisos que el Estado chileno ha adquirido en materia de derechos humanos, y en \u00faltima instancia, de responsabilidad democr\u00e1tica.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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