{"id":3240,"date":"2025-09-26T10:09:57","date_gmt":"2025-09-26T14:09:57","guid":{"rendered":"https:\/\/derechoshumanosyempresas.cl\/?p=3240"},"modified":"2025-09-26T13:45:21","modified_gmt":"2025-09-26T17:45:21","slug":"columna-de-opinion-debida-diligencia-climatica-y-accion-climatica-corporativa-en-las-opiniones-consultivas-sobre-cambio-climatico-y-su-proyeccion-en-chile","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/derechoshumanosyempresas.cl\/index.php\/2025\/09\/26\/columna-de-opinion-debida-diligencia-climatica-y-accion-climatica-corporativa-en-las-opiniones-consultivas-sobre-cambio-climatico-y-su-proyeccion-en-chile\/","title":{"rendered":"Columna de opini\u00f3n: \u00abDebida diligencia clim\u00e1tica y acci\u00f3n clim\u00e1tica corporativa en las opiniones consultivas sobre cambio clim\u00e1tico y su proyecci\u00f3n en Chile\u00bb"},"content":{"rendered":"

Por Pedro Cisterna Gaete, <\/b>abogado de la Universidad de Concepcio\u0301n, LL.M. y doctor en Derecho de la Universidad de Edimburgo, e <\/em>investigador del Proyecto REDAR y la Plataforma de Derechos Humanos y Empresas. P<\/b><\/em>ublicada en El Mercurio Legal.<\/b><\/em><\/h4>\n
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\u00ab…Estas reformas no solo armonizan nuestro derecho con los nuevos esta\u0301ndares internacionales, adema\u0301s, podri\u0301an contribuir a reducir riesgos de litigio y mejorar la eficiencia regulatoria al alinear incentivos empresariales con objetivos clima\u0301ticos vinculantes. En un contexto de urgencia y de creciente escrutinio internacional, la diligencia clima\u0301tica camina progresivamente desde ser un eslogan de sostenibilidad para convertirse en un deber juri\u0301dico operativo y de mercado…\u00bb<\/h5>\n
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Las recientes opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (OC-32\/25)<\/a> y de la Corte Internacional de Justicia (23 de julio de 2025<\/a>) han densificado el contenido juri\u0301dico del deber estatal de prevenir dan\u0303os clima\u0301ticos y, con ello, la obligacio\u0301n de regular y supervisar la diligencia clima\u0301tica corporativa.<\/p>\n

Ambas opiniones coinciden en que, dada la naturaleza universal, acumulativa y urgente del riesgo clima\u0301tico, el esta\u0301ndar aplicable es particularmente exigente y basado en la mejor ciencia disponible y en para\u0301metros de cooperacio\u0301n y transparencia<\/strong>.<\/p>\n

Este arti\u0301culo pretende abordar que\u0301 implican estas decisiones y su contenido en materia de debida diligencia para el ordenamiento chileno y la pra\u0301ctica empresarial local.<\/p>\n

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El esta\u0301ndar decisivo: \u201cdebida diligencia reforzada\u201d y debida diligencia \u00abestrica\u00bb<\/h4>\n
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La OC-32\/25 sistematiza la debida diligencia reforzada como parte del deber de garanti\u0301a en contextos de alto riesgo<\/strong>. Esto considera una evaluacio\u0301n exhaustiva de riesgos, medidas preventivas, uso de la mejor ciencia, monitoreo, respeto estricto de derechos de procedimiento. Asimismo, la regulacio\u0301n y supervisio\u0301n adecuadas de la diligencia empresarial (incluida su cadena de valor), adema\u0301s de cooperacio\u0301n internacional reforzada (pa\u0301rrs. 231-237 y 236. viii).<\/p>\n

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El mismo pronunciamiento ordena a los Estados a promulgar legislacio\u0301n que obligue a las empresas a realizar procesos efectivos de debida diligencia en derechos humanos y cambio clima\u0301tico a lo largo de toda la cadena de valor. Esto incluye obligaciones de divulgar emisiones, adoptar medidas de reduccio\u0301n y desincentivar el greenwashing, asi\u0301 como fiscalizar estrictamente actividades intensivas en GEI, como exploracio\u0301n, extraccio\u0301n, transporte y procesamiento de combustibles fo\u0301siles, cemento y ciertas agroindustrias (pa\u0301rrs. 348 y 353-354).<\/p>\n

En la misma direccio\u0301n, la CIJ afirma que el esta\u0301ndar de debida diligencia para prevenir dan\u0303os significativos al sistema clima\u0301tico es \u201cestricto\u201d, demandando un grado mayor de vigilancia y prevencio\u0301n, guiado por la mejor ciencia (pa\u0301rrs. 138 y 281-286). La corte an\u0303ade que el deber de cooperacio\u0301n obliga a desplegar esfuerzos de buena fe para formas apropiadas de accio\u0301n colectiva, particularmente para alcanzar la meta global de temperatura (pa\u0301rrs. 301-308 y 140-142).<\/p>\n

Un aspecto con implicancias regulatorias es el encuadre que la opinio\u0301n hace de las NDC. La CIJ entiende que la obligacio\u0301n de preparar, comunicar y mantener NDC es de resultado, mientras que su implementacio\u0301n interna y las medidas dome\u0301sticas son obligaciones de conducta sujetas al esta\u0301ndar de debida diligencia estricta (pa\u0301rrs. 230-254). Adema\u0301s, la relacio\u0301n entre tratados clima\u0301ticos y derecho consuetudinario es complementaria, asi\u0301 el cumplimiento de Pari\u0301s \u201csugiere\u201d cumplimiento sustancial de los deberes generales de prevenir y cooperar (pa\u0301rrs. 309-315).<\/p>\n

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Consecuencias para la gobernanza empresarial: alcance, cadena de valor y control pu\u0301blico<\/h4>\n

A la luz de estos esta\u0301ndares, la \u201cdiligencia clima\u0301tica\u201d corporativa no se agota en una gestio\u0301n interna de riesgos, sino que debe abarcar impactos y emisiones a lo largo de la cadena de valor, con metas de reduccio\u0301n y reportabilidad, y con supervisio\u0301n administrativa intensificada cuando las actividades presentan alto riesgo para derechos humanos. La OC-32\/25 ofrece un mapa en este sentido, enfatizando la obligacio\u0301n estatal de legislar diligencia corporativa clima\u0301tica, exigir divulgacio\u0301n de emisiones de todos los alcances y reducir contribuciones al cambio clima\u0301tico (pa\u0301rrs. 348 y 353-354).<\/p>\n

La CIJ, por su parte, clarifica marcos de atribucio\u0301n, causalidad y erga omnes relevantes para el contencioso y la responsabilidad. Reconoce la posibilidad de invocacio\u0301n separada de responsabilidad cuando existen actos ilicitos mu\u0301ltiples y exige un nexo causal suficientemente directo y cierto evaluado en concreto (pa\u0301rrs. 425-443). En suma, la arquitectura internacional vuelve ma\u0301s previsible la exigibilidad de esta\u0301ndares de diligencia en sede administrativa, contencioso-ambiental y eventualmente civil.<\/p>\n

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Aterrizaje en Chile: ajustes normativos y de enforcement<\/h4>\n

Chile cuenta con estructuras que podri\u0301an facilitar la recepcio\u0301n de estos esta\u0301ndares, pero que a la vez requiere profundizacio\u0301n.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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(a) Marco legal y planificacio\u0301n clima\u0301tica (Ley 21.455)<\/h5>\n
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Lei\u0301da a la luz de la OC-32\/25 y de la CIJ, la Ley Marco de Cambio Clima\u0301tico<\/a> no solo habilita poli\u0301ticas, tambie\u0301n crea una expectativa de resultado regulatorio enfocado en que los instrumentos de la ley sean ido\u0301neos y suficientes para prevenir dan\u0303os conforme a la mejor ciencia y capacidades institucionales disponibles. Esto activa un test de coherencia entre el Acuerdo de Pari\u0301s<\/a> y la Ley 21.455.<\/p>\n

Primero, si los presupuestos de carbono y trayectorias sectoriales no son consistentes con la meta nacional y con lo previsible del dan\u0303o, existiri\u0301a un de\u0301ficit de diligencia estatal. Luego, si lo son, pero no se despliegan medidas internas de control, fiscalizacio\u0301n y correccio\u0301n para asegurar su cumplimiento, habri\u0301a un de\u0301ficit de implementacio\u0301n diligente. El esta\u0301ndar \u201cestricto\u201d exige, adema\u0301s, un mecanismo de correccio\u0301n cuando nueva evidencia cienti\u0301fica muestre que las trayectorias son insuficientes.<\/p>\n

En terreno contencioso-administrativa, esto eleva la exigencia de motivacio\u0301n, implicando que los actos reglamentarios y planes deben explicar co\u0301mo sus medidas entregan el presupuesto de carbono asignado y por que\u0301 son proporcionales al riesgo. De no hacerlo, se abre un espacio de control por falta de suficiencia te\u0301cnica o desviacio\u0301n de fin.<\/p>\n

Finalmente, la dimensio\u0301n de cooperacio\u0301n exige que los instrumentos sectoriales incluyan medios de implementacio\u0301n (finanzas, capacidades, tecnologi\u0301a) para que actores con menor capacidad de cumplimiento puedan cumplir, reduciendo riesgos de regresio\u0301n o de inequidad territorial.<\/p>\n

(b) SETA y permisos sectoriales (Gui\u0301a SEA y control preventivo)<\/h5>\n

El esta\u0301ndar interamericano de debida diligencia reforzada obliga a que la prevencio\u0301n sea ex ante, verificable y trazable<\/strong>. Aplicado al SEIA, ello no se agota en \u201cconsiderar\u201d el cambio clima\u0301tico, sino que impone un test de razonabilidad cienti\u0301fica ex ante de tres pasos.<\/p>\n

Primero, identificar y cuantificar riesgos fi\u0301sicos y de transicio\u0301n con metodologi\u0301as compatibles con la mejor ciencia disponible; segundo, la autoridad debe justificar por que\u0301 las medidas de mitigacio\u0301n\/adaptacio\u0301n reducen efectivamente el riesgo a un nivel aceptable en el contexto del proyecto, su localizacio\u0301n y su cadena de valor relevante; tercero, mecanismo de monitoreo y correccio\u0301n, enfocado en la inclusio\u0301n de condiciones operativas del permiso cuando cambie la evidencia o la magnitud del riesgo.<\/p>\n

Respecto al derecho de participacio\u0301n, no serviri\u0301an instancias tardi\u0301as. Para cumplir con los esta\u0301ndares de Escazu\u0301<\/a>, considerados como centrales por la opinio\u0301n de la CIDH, su temprana incorporacio\u0301n mejora la diligencia al revelar informacio\u0301n local esencial para calibrar el riesgo. En este marco, figuras como el silencio positivo o atajos procedimentales deben interpretarse restrictivamente para evitar no regresio\u0301n.<\/p>\n

Un rechazo o aprobacio\u0301n sin este razonamiento podri\u0301a ser objetado por insuficiencia de motivacio\u0301n te\u0301cnica, ma\u0301s au\u0301n si el proyecto tensiona presupuestos de carbono o metas sectoriales. Estas consideraciones son fundamentales en el contexto de la implementacio\u0301n de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales y, tambie\u0301n, para la discusio\u0301n y disen\u0303o de los proyectos de Evaluacio\u0301n Ambiental 2.0 y el de reforzamiento de la SMA.<\/p>\n

(c) Nueva NDC de Chile (2025) y control de implementacio\u0301n<\/h5>\n
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La CIJ clarifica que las NDC no son meras declaraciones programa\u0301ticas<\/strong>. Segu\u0301n la corte, estos instrumentos generan obligaciones juri\u0301dicas cuya implementacio\u0301n interna se evalu\u0301a bajo diligencia estricta y mejor ciencia. Considerando el esta\u0301ndar de la CIJ, la actualizacio\u0301n de NDC de Chile<\/a> debiese caminar hacia convertirse en un criterio operativo de control. Esta perspectiva permitiri\u0301a articular un test de suficiencia en la implementacio\u0301n de la NDC a nivel de metas sectoriales cuantificadas y consistentes con los presupuestos de carbono.<\/p>\n

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Esto podri\u0301a complementarse con la inclusio\u0301n de incorporar me\u0301tricas y plazos verificables ymecanismos de correccio\u0301n si la trayectoria se desvi\u0301a. Estos elementos tendri\u0301an que dialogar con instrumentos econo\u0301micos (subsidios, estabilizacio\u0301n de combustibles, compras pu\u0301blicas), de modo que el Estado no incentive por otras vi\u0301as, riesgos de transicio\u0301n contrarios a su propia NDC.<\/p>\n

Todo lo anterior sustenta una coherencia entre instrumentos para la accio\u0301n clima\u0301tica, ofreciendo un para\u0301metro para revisar medidas regresivas o inconsistentes con las metas comprometidas.<\/p>\n

(d) Divulgacio\u0301n y gobierno corporativo (CMF)<\/h5>\n

Desde 2021 la NCG 461<\/a> exige a emisores de oferta pu\u0301blica reportar gobernanza, estrategia, gestio\u0301n de riesgos y me\u0301tricas ESG, con clara inspiracio\u0301n TCFD. En 2024, la NCG 519<\/a> incorporo\u0301 la adopcio\u0301n de IFRS S1 y S2 (ISSB), obligatorias desde los estados 2026 (reportados en 2027), alineando el mercado local con esta\u0301ndares internacionales de reporte de riesgos y oportunidades clima\u0301ticas.<\/p>\n

Este giro es coherente con la divulgacio\u0301n de cadena de valor que la OC-32\/25 sugiere exigir por ley y con el esta\u0301ndar de diligencia estricta de la CIJ. El desafi\u0301o pra\u0301ctico sera\u0301 la supervisio\u0301n de la calidad y verificabilidad de estos reportes y su consistencia con metas y presupuestos de carbono nacionales.<\/p>\n

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Hacia una debida diligencia clima\u0301tica \u201cefectiva\u201d en Chile<\/h4>\n

Si los esta\u0301ndares definidos en la OC-32\/25 y la CIJ son aplicados, al menos, tres li\u0301neas de accio\u0301n surgen en el corto plazo respecto a la debida diligencia y la accio\u0301n clima\u0301tica corporativa.<\/p>\n

Primero, identificar y definir el nivel legal de deberes mi\u0301nimos de debida diligencia clima\u0301tica empresarial
\ncon alcance de cadena de valor; segundo, fortalecer facultades y capacidades de fiscalizacio\u0301n sectoriales y ambientales para un control estricto sobre actividades de alto riesgo de GEI; finalmente, asegurar la coherencia entre NDC 2025, presupuestos de carbono, planes sectoriales y reportes corporativos bajo IFRS S2, con me\u0301tricas comparables.<\/p>\n

Estas reformas no solo armonizan nuestro derecho con los nuevos esta\u0301ndares internacionales, adema\u0301s, podri\u0301an contribuir a reducir riesgos de litigio y mejorar la eficiencia regulatoria al alinear incentivos empresariales con objetivos clima\u0301ticos vinculantes. En un contexto de urgencia y de creciente escrutinio internacional, la diligencia clima\u0301tica camina progresivamente desde ser un eslogan de sostenibilidad para convertirse en un deber juri\u0301dico operativo y de mercado<\/strong>.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

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