{"id":3051,"date":"2025-08-08T16:31:39","date_gmt":"2025-08-08T20:31:39","guid":{"rendered":"https:\/\/derechoshumanosyempresas.cl\/?p=3051"},"modified":"2025-08-08T17:30:16","modified_gmt":"2025-08-08T21:30:16","slug":"columna-de-opinion-luces-y-sombras-del-acuerdo-codelco-sqm","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/derechoshumanosyempresas.cl\/index.php\/2025\/08\/08\/columna-de-opinion-luces-y-sombras-del-acuerdo-codelco-sqm\/","title":{"rendered":"Columna de Opini\u00f3n: \u00abLuces y sombras del acuerdo Codelco SQM\u00bb"},"content":{"rendered":"

Por Jos\u00e9 Aylwin, Juan Carlos Cayo y Santiago Correa, integrantes del Observatorio Ciudadano<\/a>, publicada en CIPER Chile<\/a>.\u00a0<\/em><\/strong><\/h4>\n

La pol\u00e9mica en torno al acuerdo de asociaci\u00f3n suscrito entre la estatal Codelco<\/a> y SQM<\/a> para la explotaci\u00f3n del litio en el Salar de Atacama se ha intensificado en las \u00faltimas semanas. Si bien diversas encuestas de opini\u00f3n (Cadem<\/a>, UDD<\/a>) dan cuenta de que la mayor\u00eda de los chilenos apoya dicho acuerdo y lo considera beneficioso para Chile, a fines de junio pasado la C\u00e1mara de Diputadas y Diputados<\/a> respald\u00f3 por amplio margen (96 votos a favor, 2 en contra y 17 abstenciones) el informe de su Comisi\u00f3n Investigadora que solicitaba dejar el acuerdo sin efecto<\/strong>. Ello, en raz\u00f3n de la falta de transparencia que habr\u00eda caracterizado el proceso de negociaci\u00f3n en sus etapas de socializaci\u00f3n y aprobaci\u00f3n, la omisi\u00f3n de los criterios por los cuales se descart\u00f3 realizar una licitaci\u00f3n p\u00fablica, la ausencia de estudios t\u00e9cnicos que sustenten la conveniencia del acuerdo y las p\u00e9rdidas financieras que dicho acuerdo significar\u00eda para el fisco.<\/p>\n

La decisi\u00f3n de la C\u00e1mara no ha pasado inadvertida en el contexto eleccionario que vive el pa\u00eds. Desde la derecha, las cr\u00edticas a Codelco y al Gobierno por el acuerdo han sido transversales. Mientras Kast cuestion\u00f3 que no haya sido realizado a trav\u00e9s de una licitaci\u00f3n, Matthei celebr\u00f3 la decisi\u00f3n de la C\u00e1mara, en coherencia con sus declaraciones previas donde ya hab\u00eda se\u00f1alado que de ser electa Presidenta ordenar\u00eda auditor\u00edas para asegurar que el convenio entre las mineras fuese beneficioso para el pa\u00eds. Desde el oficialismo, Jara, quien en el pasado tambi\u00e9n hab\u00eda hecho p\u00fablico su cuestionamiento al acuerdo, se\u00f1al\u00f3 que esperar\u00eda a las negociaciones en curso, y que de ser electa acatar\u00eda el acuerdo si \u00e9ste quedase resuelto al t\u00e9rmino del mandato de Gabriel Boric.<\/p>\n

Son muchas las aristas -econ\u00f3micas, geopol\u00edticas, estrat\u00e9gicas- a partir de las cuales se puede analizar el acuerdo. En esta columna nos interesa revisar sus luces y sombras desde la perspectiva de los derechos humanos.<\/strong><\/p>\n

LAS OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS P\u00daBLICAS<\/strong><\/h4>\n

Chile es parte de diversos instrumentos internacionales que establecen directrices para los Estados y las empresas de su propiedad o bajo su control en materia econ\u00f3mica. La Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas contra la Corrupci\u00f3n<\/a> dispone en su art\u00edculo 9 que los Estados parte deben adoptar las medidas necesarias para establecer sistemas apropiados de contrataci\u00f3n p\u00fablica, basados en la transparencia, la competencia y criterios objetivos de adopci\u00f3n de decisiones, incluyendo informaci\u00f3n sobre licitaciones y adjudicaci\u00f3n de contratos.<\/p>\n

La relevancia de la transparencia en el caso de las empresas p\u00fablicas ha sido subrayada por los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos<\/a>, suscritos por Chile. En ellos se dispone que los Estados \u201cdeben adoptar medidas adicionales de protecci\u00f3n contra las violaciones de derechos humanos cometidas por empresas de su propiedad o bajo su control\u2026\u201d. (Pilar 1.4). Como parte de dichas medidas, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Empresas (2016)<\/a> subraya la necesidad de que los Estados exijan a las empresas p\u00fablicas la debida diligencia en derechos humanos, incluyendo la transparencia en la rendici\u00f3n de cuentas en su desempe\u00f1o, resguardando as\u00ed su credibilidad y legitimidad.<\/strong><\/p>\n

De la misma manera, las Directrices de la OCDE<\/a> sobre el Gobierno Corporativo de las Empresas P\u00fablicas (2015) disponen que las empresas p\u00fablicas deber\u00edan observar un alto grado de transparencia y someterse a las mismas normas de calidad en lo referido a la contabilidad, la divulgaci\u00f3n de informaci\u00f3n, el cumplimiento y la auditor\u00eda que las empresas que cotizan en bolsa. Tambi\u00e9n, establecen que las empresas de propiedad estatal deber\u00edan comunicar la informaci\u00f3n sustancial de car\u00e1cter financiero y no financiero de la empresa, con arreglo a las normas de divulgaci\u00f3n de informaci\u00f3n empresarial.<\/p>\n

En base a las directrices se\u00f1aladas, resulta preocupante que el acuerdo entre Codelco y SQM no explicite los criterios utilizados para descartar alternativas a esta empresa privada, ni sobre la licitaci\u00f3n abierta o la negociaci\u00f3n directa con otros actores.<\/strong> A ello se agrega el hecho de que se encargara a una empresa consultora (Morgan Stanley) la evaluaci\u00f3n de la posici\u00f3n negociadora de Codelco, sin que este servicio haya sido licitado, o se transparentaran los criterios de idoneidad de este proveedor, ni el potencial conflicto de inter\u00e9s que este pudiese tener.<\/p>\n

Los est\u00e1ndares de transparencia adquieren mayor relevancia teniendo presente la larga trayectoria de opacidad de SQM, que data de su privatizaci\u00f3n y traspaso irregular a manos del yerno de Augusto Pinochet durante la dictadura. A este hecho se agregan el que sus directivos han estado involucrados en casos de financiamiento irregular de la pol\u00edtica, y el que a la fecha la empresa mantiene m\u00e1s de $1.000 millones en obligaciones tributarias bajo litigio.<\/p>\n

Todo lo anterior viene a reafirmar la legitimidad de la preocupaci\u00f3n de la Comisi\u00f3n Investigadora de la C\u00e1mara de Diputados sobre el acuerdo de asociaci\u00f3n que Codelco como empresa p\u00fablica suscribiera para estos efectos con SQM.<\/p>\n

LOS DERECHOS DE PUEBLOS IND\u00cdGENAS<\/strong><\/h4>\n

Otra de las dimensiones que debe ser considerada en este an\u00e1lisis es el referido al relacionamiento de Codelco con el pueblo atacame\u00f1o o lickanantay, particularmente en la consideraci\u00f3n de sus derechos y la concreci\u00f3n e implementaci\u00f3n del acuerdo.<\/strong> El salar de Atacama, lugar donde se emplazan las operaciones de su proyecto Salar Futuro desde el 2030 al 2060, es territorio de ocupaci\u00f3n tradicional de este pueblo originario.<\/p>\n

Previo al acuerdo, los lickanantay, a trav\u00e9s del Consejo de Pueblos Atacame\u00f1os (CPA), hab\u00edan celebrado un memor\u00e1ndum de entendimiento con las empresas mineras para garantizar un proceso participativo y transparente en las decisiones que se adoptaran en el desarrollo productivo del salar. Sin embargo, s\u00f3lo conocieron la suscripci\u00f3n al acuerdo tras su publicaci\u00f3n en la prensa. Con ello revivieron lo ocurrido el 2018 en el contexto del acuerdo suscrito entre Corfo<\/a> y SQM para la explotaci\u00f3n por esta \u00faltima empresa del mismo salar hasta 2030, acuerdo que, al no haber sido consultado con sus comunidades, fue impugnado ante instancias nacionales e internacionales, generando un conflicto que se mantiene presente hasta la fecha.<\/p>\n

El acuerdo entre Codelco y SQM contiene diversas cl\u00e1usulas que hacen referencia a los derechos que corresponden a las comunidades de este pueblo en el salar de Atacama y reconoce la responsabilidad que corresponde a las empresas en la promoci\u00f3n y protecci\u00f3n de sus derechos humanos<\/strong>, comprometi\u00e9ndose a implementar los mejores est\u00e1ndares en su relacionamiento con ellas. Entre dichos est\u00e1ndares, las empresas parte de este acuerdo se comprometen a \u201crealizar todos los esfuerzos razonables por alcanzar el consentimiento previo, libre e informado para el desarrollo de nuevas actividades en el territorio de las comunidades, y el beneficio mutuo que significa desarrollar un relacionamiento basado en el di\u00e1logo y comunicaci\u00f3n permanentes, la confianza, la colaboraci\u00f3n, el respeto mutuo y la buena fe\u201d.<\/p>\n

La implementaci\u00f3n del acuerdo en esta materia, sin embargo, no ha estado exenta de problemas y tensiones. Como ha sostenido el gobierno y Codelco, es efectivo que al tratarse de un acuerdo entre dos empresas (una estatal y una privada), no existir\u00eda un acto administrativo propiamente tal que active el deber de consulta del Estado con el pueblo ind\u00edgena susceptible de ser afectado directamente, conforme lo dispone el Convenio 169 de la OIT<\/a> ratificado por Chile.<\/p>\n

Lo anterior ha determinado que Corfo sea la entidad p\u00fablica que est\u00e1 llevando adelante un proceso de consulta ind\u00edgena, en el marco de la modificaci\u00f3n de los contratos de arriendo y desarrollo de proyectos entre dicha corporaci\u00f3n y la sociedad Codelco Tarar, correspondientes a los per\u00edodos 2025\u20132030 y 2031\u20132060. Dicho proceso no ha estado exento de cuestionamientos, en particular en relaci\u00f3n a lo acotado del tiempo para su realizaci\u00f3n teniendo en consideraci\u00f3n la magnitud de las medidas a consultar. De hecho, este ha sido objeto de dos recursos de protecci\u00f3n, uno por parte de la Asociaci\u00f3n de Regantes de San Pedro y otro por parte de la comunidad atacame\u00f1a de Coyo. Ambos han sido acogidos a tramitaci\u00f3n por la Corte de Apelaciones de Antofagasta. En este \u00faltimo recurso judicial, junto con impugnarse la metodolog\u00eda de la consulta, se cuestiona la falta de amplitud de dicho proceso, en particular la exclusi\u00f3n en ella de gran parte de las cl\u00e1usulas (75%) del Convenio entre Corfo con la Minera Tarar de Codelco para la explotaci\u00f3n del litio entre 2031 y 2060, cl\u00e1usulas en las que se incluyen materias tan importantes como el control de la empresa operadora, los mecanismos de distribuci\u00f3n de beneficios, y de participaci\u00f3n de las comunidades ind\u00edgenas en las decisiones futuras de la empresa.<\/p>\n

Si bien se trata de un proceso de consulta que lleva adelante Corfo y no Codelco, no cabe duda de que ambas entidades deb\u00edan haber tenido un cuidado mayor en cautelar que \u00e9ste se realizara de la manera adecuada como lo dispone el Convenio 169 de la OIT. Ello es un antecedente que plantea desaf\u00edos futuros para el relacionamiento futuro de Codelco con el pueblo atacame\u00f1o y sus comunidades, teniendo presente que de conformidad al mismo Convenio 169, adem\u00e1s de la consulta con miras a lograr su acuerdo o consentimiento<\/strong>, Codelco deber\u00e1 tener presente los derechos que a estas corresponden a su participaci\u00f3n en los beneficios que genere la explotaci\u00f3n del litio en el Salar de Atacama, as\u00ed como la compensaci\u00f3n por los da\u00f1os que dicha explotaci\u00f3n pueda causar a futuro.<\/p>\n

LOS APORTES AL FINANCIAMIENTO DEL GASTO SOCIAL<\/strong><\/h4>\n

Uno de los argumentos m\u00e1s importantes esgrimidos por Codelco para justificar el acuerdo directo con SQM para la explotaci\u00f3n del litio en el salar de Atacama es el aporte que \u00e9ste significar\u00e1 al erario nacional.<\/strong> Codelco sostiene que, dadas las inversiones que SQM tiene en el salar de Atacama, las operaciones en desarrollo en el mismo salar, las instalaciones para el procesamiento del litio en las cercan\u00edas de Antofagasta, las relaciones comerciales internacionales que esta empresa ha desarrollado, y su know how, entre otras condiciones, la oferta de una empresa no incumbente en el marco de una licitaci\u00f3n abierta no podr\u00eda haber sido realmente competitiva, permitiendo al incumbente, SQM, ofertar por debajo de su valor.<\/p>\n

Codelco cuestiona categ\u00f3ricamente la p\u00e9rdida de significativos recursos (US $7.000 millones) para el erario nacional que implicar\u00eda el acuerdo suscrito con SQM, de acuerdo al Informe de la Comisi\u00f3n Investigadora. Los directivos de Codelco indican que dichas cifras est\u00e1n basadas en informaci\u00f3n proporcionada por empresas competidoras en el desarrollo del litio y que, por lo mismo, adem\u00e1s de incorrectas, no son imparciales.<\/p>\n

Desde la perspectiva de derechos humanos que orienta nuestro an\u00e1lisis, maximizar los ingresos del fisco resulta relevante, pues dichos recursos contribuyen al financiamiento del Estado y, en particular, de pol\u00edticas p\u00fablicas para hacer efectivos los derechos econ\u00f3micos, sociales y culturales de la poblaci\u00f3n<\/strong>. De acuerdo al Pacto Internacional de Naciones Unidas sobre Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales<\/a> ratificado por Chile, los Estados parte \u201c\u2026se compromete[n] a adoptar medidas\u2026 especialmente econ\u00f3micas y t\u00e9cnicas, hasta el m\u00e1ximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopci\u00f3n de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aqu\u00ed reconocidos\u201d (art\u00edculo 2.1).<\/p>\n

Desde esta perspectiva no cabe sino valorar el acuerdo que asegura al Estado una participaci\u00f3n en los ingresos operacionales del orden del 80%, provenientes tanto de su participaci\u00f3n en la propiedad del litio, como por concepto de impuestos regulares y royalties. Ello en contraste con otros proyectos equivalentes a nivel mundial de asociaciones p\u00fablico-privadas donde la recaudaci\u00f3n para el fisco ronda en torno al 50% de la operaci\u00f3n.<\/p>\n

Para dimensionar lo que estos aportes pueden significar para la satisfacci\u00f3n de derechos sociales hoy deficitarios en nuestro pa\u00eds, cabe se\u00f1alar que lo recaudado desde Codelco el a\u00f1o pasado equivale a la construcci\u00f3n de cerca de 75 mil viviendas sociales, un 10% del d\u00e9ficit habitacional del pa\u00eds. Tambi\u00e9n podr\u00eda ser utilizado para la construcci\u00f3n de entre 6 y 8 hospitales p\u00fablicos de alta complejidad, necesarios para asegurar el derecho a la salud de la poblaci\u00f3n.<\/p>\n

Consideramos relevante tener presentes los antecedentes ac\u00e1 compartidos para un an\u00e1lisis m\u00e1s profundo del acuerdo entre Codelco y SQM. Si bien Codelco como empresa p\u00fablica debi\u00f3 ce\u00f1irse a est\u00e1ndares m\u00e1s elevados en materia de transparencia al suscribir este acuerdo, los aportes que su suscripci\u00f3n puede generar al erario nacional para asumir los d\u00e9ficits que el pa\u00eds tiene en materia de derechos sociales no deben ser omitidos en el debate sobre el mismo. Posiblemente la materia donde Codelco tendr\u00e1 mayores desaf\u00edos de derechos humanos ser\u00e1 en su relacionamiento con el pueblo atacame\u00f1o, no solo a objeto de poner t\u00e9rmino a una larga relaci\u00f3n de negaci\u00f3n e imposici\u00f3n a sus comunidades, sino tambi\u00e9n de impulsar una debida diligencia en derechos humanos que posibilite<\/strong>, en caso de contar con su consentimiento, su participaci\u00f3n activa en el desarrollo del proyecto Salar Futuro, tanto en su gesti\u00f3n como en sus beneficios, y as\u00ed prevenir los graves da\u00f1os ambientales que esta actividad ha generado y que hasta ahora no han sido reparados.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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