En enero de este a\u00f1o, la <\/span>Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Cat\u00f3lica (PUC)<\/span><\/a> hizo p\u00fablico su <\/span>Tercer Diagn\u00f3stico sobre Empresas y Derechos Humanos en Chile<\/a><\/strong>,<\/strong> correspondiente a\u00a0 2024. En su informe eval\u00faa el progreso verificado del \u00faltimo a\u00f1o en la implementaci\u00f3n de los \u201cPrincipios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos\u201d<\/strong>. Fueron evaluadas las 29 empresas privadas del \u00cdndice de Precios Selectivos de Acciones (IPSA Chile)<\/a>, las que constituyen grandes corporaciones sujetas a est\u00e1ndares de transparencia. El informe, adem\u00e1s, eval\u00faa 15 de las 32 empresas p\u00fablicas chilenas, priorizando aquellas con mayores ingresos, y una selecci\u00f3n de empresas vitivin\u00edcolas.\u00a0<\/span><\/p>\n El informe utiliza como criterios para estos efectos los compromisos de empresas en la materia y su forma de gobernanza, los sistemas de identificaci\u00f3n y gesti\u00f3n de riesgos en derechos humanos (debida diligencia), y los mecanismos de reclamaci\u00f3n y reparaci\u00f3n en ellas existentes.\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n En su introducci\u00f3n, si bien se reconocen algunos d\u00e9ficits de las empresas evaluadas en su desempe\u00f1o en derechos humanos, se presenta una visi\u00f3n marcadamente optimista sobre la materia.<\/strong> En efecto, el informe se\u00f1ala que \u201cse observa una tendencia general de las empresas evaluadas de pasar del compromiso pol\u00edtico<\/strong> \u2013marcado por la comprensi\u00f3n del marco y las consecuentes declaraciones de respeto de derechos humanos desde la alta administraci\u00f3n\u2013 a una fase de implementaci\u00f3n, centrada en la adopci\u00f3n de mecanismos de identificaci\u00f3n de impactos con cierta participaci\u00f3n de grupos de inter\u00e9s\u201d<\/strong>. Adem\u00e1s, refiriendo al sistema de evaluaci\u00f3n porcentual utilizado, agrega que \u201cel aumento porcentual duplic\u00f3 al del a\u00f1o anterior y sit\u00faa a las empresas del IPSA en un buen est\u00e1ndar comparado con sus pares internacionales\u201d.<\/span><\/p>\n Esta visi\u00f3n optimista se refleja en particular en la evaluaci\u00f3n que se hace de las compa\u00f1\u00edas y generadoras el\u00e9ctricas, el retail y las compa\u00f1\u00edas de \u201cprocesamiento de extractos y minerales\u201d<\/strong>, cuyas empresas obtienen los mayores niveles de cumplimiento de est\u00e1ndares de derechos humanos con un 68%, 51% y 48%, respectivamente.\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n Dicha evaluaci\u00f3n positiva contrasta marcadamente con eventos ocurridos en 2024 que no dan cuenta de ello. As\u00ed, por ejemplo, entre las compa\u00f1\u00edas y generadoras el\u00e9ctricas, destacan ENEL Am\u00e9ricas S.A.<\/a> y ENEL Chile S.A.<\/a>, con un 75% y 73% de cumplimiento, respectivamente, lo que las posiciona en el top tres entre las empresas IPSA. Llama la atenci\u00f3n teniendo presente el deficitario comportamiento en derechos humanos de estas empresas en el contexto de la emergencia meteorol\u00f3gica experimentada en la Regi\u00f3n Metropolitana el invierno pasado que result\u00f3 en cortes de energ\u00eda que se prolongaron en algunos sectores de la capital por m\u00e1s de 10 d\u00edas<\/strong>, evidenciando una manifiesta negligencia y ausencia de debida diligencia de dichas empresas para reponer el servicio a sus clientes.<\/span><\/p>\n Llama la atenci\u00f3n tambi\u00e9n el caso de las compa\u00f1\u00edas de procesamiento de extractos y minerales. De acuerdo al informe de la PUC, la Sociedad Qu\u00edmica Minera de Chile S.A.<\/a> Serie B registr\u00f3 un 65% de cumplimiento, en tanto que la estatal Codelco<\/a>, registr\u00f3 el mismo porcentaje de cumplimiento, ocupando el primer lugar entre las empresas p\u00fablicas contempladas en la muestra.<\/strong> En el primer caso es evidente que SQM, luego del involucramiento de sus directivos en hechos delictivos incluyendo soborno, cohecho y delitos tributarios, ha desarrollado directrices de sostenibilidad y derechos humanos as\u00ed como una pol\u00edtica de relacionamiento con \u201ccomunidades ind\u00edgenas\u201d, supuestamente basada en el Convenio 169 de la Organizaci\u00f3n Internacional del Trabajo (OIT), que han mejorado su performance en compromisos de car\u00e1cter declarativo en derechos humanos (83%). No obstante, sigue deficitario en sistemas de identificaci\u00f3n de riesgos y debida diligencia en derechos humanos, en que solo logra el 50%. Ejemplo del d\u00e9ficit de SQM en esta materia es la condena por parte de la Corte Suprema como consecuencia de despidos discriminatorios.\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n Por su parte Codelco, empresa que por su car\u00e1cter estatal tiene una especial responsabilidad en derechos humanos, aparece con altos \u00edndices de cumplimiento tambi\u00e9n en compromisos (83%), mecanismos de reclamaci\u00f3n (67%), pero no en debida diligencia (solo 54%). La ausencia de debida diligencia de Codelco en derechos humanos se evidenci\u00f3 en 2024 en la adquisici\u00f3n por \u00e9sta del proyecto Salar Blanco, de la australiana Lithium Power, ubicado en el Salar de Maricunga. Ello a sabiendas de que la aprobaci\u00f3n ambiental de este proyecto hab\u00eda sido impugnada ante la justicia por comunidades colla por la insuficiencia de la consulta ind\u00edgena de dicho proyecto de litio<\/strong>, exigiendo que, de conformidad con el Convenio 169 de la OIT, se hiciera extensiva a todas aquellas comunidades susceptibles de ser afectadas directamente por dicho proyecto.<\/span><\/p>\n Particularmente preocupante es la evaluaci\u00f3n tan positiva del comportamiento de las grandes empresas evaluadas en este informe, que contrasta con aquella que tanto las comunidades afectadas por la actividad de grandes empresas y las organizaciones de defensa de derechos humanos tenemos de su desempe\u00f1o<\/strong>, las que han sido manifestadas de m\u00faltiples modalidades. Desde acciones ante instancias administrativas o judiciales, hasta denuncias reiteradas en los medios de comunicaci\u00f3n, que dif\u00edcilmente pueden ser ignoradas.<\/span><\/p>\n La evaluaci\u00f3n tampoco se hace cargo de la preocupaci\u00f3n que desde la sociedad civil existe por la campa\u00f1a de las empresas por reducir los est\u00e1ndares ambientales de los proyectos de inversi\u00f3n<\/strong>, en lo que los medios empresariales han denominado peyorativamente como \u201cpermisiolog\u00eda\u201d<\/strong>, ofensiva de la que el gobierno se ha hecho eco al presentar un proyecto de ley que modifica una treintena de cuerpos legales para acelerar dichas inversiones a costa de reducir dichos est\u00e1ndares. Menos a\u00fan se hace eco de la preocupaci\u00f3n de sociedad civil por la ofensiva del sector empresarial en contra de organizaciones defensoras de derechos humano<\/strong>s, sector que ha desarrollado una campa\u00f1a comunicacional, y cuyos representantes se han visto involucrados en acciones disruptivas del trabajo de las mismas, para fustigar e impedir el desarrollo de su tarea cuyo valor ha sido reconocido por el Estado chileno al suscribir la Declaraci\u00f3n sobre los defensores de derechos humanos.<\/span><\/p>\n La evaluaci\u00f3n que el informe de la PUC hace del desempe\u00f1o de las grandes empresas en derechos humanos contrasta tambi\u00e9n con la percepci\u00f3n que la ciudadan\u00eda tiene de ellas.<\/strong> Es as\u00ed como el propio think-tank empresarial Centro de Estudios P\u00fablicos<\/a> reconoce en su encuesta de agosto septiembre del 2024,\u00a0 al menos en el caso de las empresas privadas, que la confianza en ellas alcanzaba a tan solo el 21% del total de encuestados.\u00a0<\/span><\/p>\n Todo lo anterior, a nuestro entender, es consecuencia de las deficiencias de la metodolog\u00eda utilizada por la PUC en esta evaluaci\u00f3n empresarial,<\/strong> la que se basa esencialmente en informaci\u00f3n oficial, principalmente aquella que es proporcionada por las propias empresas. Esto, sin considerar la visi\u00f3n que de su actuaci\u00f3n en este \u00e1mbito tienen los titulares de derechos, y sin contrastar la misma con organismos de la sociedad civil que los acompa\u00f1an en la defensa de sus derechos.<\/strong> En efecto, tal como se se\u00f1ala en el informe, la evaluaci\u00f3n se basa exclusivamente en informaci\u00f3n p\u00fablica disponible de las empresas, la que incluye sus reportes en cumplimiento de normativas nacionales (Ley de Mercado de Valores<\/a> que regula y fiscaliza la Comisi\u00f3n para el Mercado Financiero<\/a>) e informaci\u00f3n disponible en base a est\u00e1ndares internacionales, como los del GRI, Pacto Global, o las evaluaciones dirigidas a inversionistas, como son el Corporate Sustainability Assesment (CSA)<\/a> de S&P. Se trata de informaci\u00f3n que de acuerdo al mismo informe \u201cest\u00e1 revestida de una expectativa razonable de confiabilidad\u201d.<\/strong><\/span><\/p>\n Ello, a pesar de que en el mismo informe de la PUC se reconoce que, para evaluar los riesgos que las empresas pueden generar sobre las personas y comunidades, y en consonancia con las directrices de Naciones Unidas<\/a> y de la OECD<\/a>, se debe contar con la participaci\u00f3n significativa de los grupos de inter\u00e9s potencialmente afectados por estas, especialmente de las personas en situaci\u00f3n de vulnerabilidad, tales como ni\u00f1os y ni\u00f1as, migrantes, pueblos ind\u00edgenas, utilizando para ello entrevistas, grupos focales y las encuestas.<\/span><\/p>\n Resulta preocupante, por ello, que el informe haya sido respaldado a trav\u00e9s de su financiaci\u00f3n por\u00a0 la Oficina de la OIT para el Cono Sur de Am\u00e9rica Latina<\/a> a trav\u00e9s del Proyecto Conducta Empresarial Responsable en Am\u00e9rica Latina y el Caribe (CERALC)<\/a>, entidad que seg\u00fan se explicita en el mismo informe se hace \u201cresponsable de sus contenidos\u201d.<\/strong> Ello, teniendo presente que la OIT, como instituci\u00f3n parte de Naciones Unidas, no puede obviar las directrices antes referidas, debiendo tener mayor cautela antes de hacerse responsable y participar de la difusi\u00f3n de evaluaciones que no las consideran.<\/span><\/p>\n Lo anterior plantea diversos desaf\u00edos. Para el caso de las empresas, tanto privadas como p\u00fablicas, plantea el desaf\u00edo de asumir de manera m\u00e1s integral, m\u00e1s all\u00e1 de los compromisos declarativos, los Principios Rectores de Naciones Unidas,<\/strong> incluyendo la prevenci\u00f3n, mitigaci\u00f3n y reparaci\u00f3n de los impactos adversos en derechos humanos consecuencia de sus operaciones. Para la PUC, mayor objetividad en sus evaluaciones, incorporando no solo la visi\u00f3n de las empresas, sino tambi\u00e9n la de los titulares de derechos y de la sociedad civil<\/strong>, de modo de contrastar ambas visiones y dar una visi\u00f3n m\u00e1s equilibrada y menos parcial de su desempe\u00f1o en derechos humanos. Para la OIT y su programa CERALC, exigir que las evaluaciones de empresas cumplan con los est\u00e1ndares de Naciones Unidas y la OECD sobre la materia referida antes de avalarlas.<\/strong><\/span><\/p>\n Finalmente, y no por ello menos relevante, el principal desaf\u00edo es para el Estado chileno, el que debe asumir un rol m\u00e1s efectivo en la protecci\u00f3n de los derechos humanos que siguen siendo severamente afectados en el contexto de la actividad de las empresas en el pa\u00eds.<\/strong> Ello, teniendo presente que, de acuerdo a los Principios Rectores de Naciones Unidas, son los Estados los que \u201cdeben adoptar las medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar esos abusos mediante pol\u00edticas adecuadas, actividades de reglamentaci\u00f3n y sometimiento a la justicia\u201d.\u00a0<\/span><\/p>\n De especial relevancia en este sentido es la necesidad de contar con una legislaci\u00f3n de debida diligencia empresarial en materia de derechos humanos, que permita hacer efectiva la responsabilidad corporativa ante sus impactos adversos en ellos<\/strong>, an\u00e1loga a aquellas que en a\u00f1os recientes han sido adoptadas por pa\u00edses europeos. Una legislaci\u00f3n de esta naturaleza fue comprometida en el programa del actual gobierno, anunciada por el Ministerio de Justicia en 2023.\u00a0<\/span><\/p>\n Lamentablemente, hasta la fecha, a un a\u00f1o del t\u00e9rmino de la actual administraci\u00f3n, no existe un anteproyecto que pueda ser enviado al Congreso para su an\u00e1lisis.<\/strong> Ello, a pesar de haberse desarrollado un proceso participativo con distintos actores, entre ellos sociedad civil, para su elaboraci\u00f3n. Esperamos que el gobierno cumpla su palabra en una materia tan importante para la protecci\u00f3n de los derechos humanos en el pa\u00eds, esencial para la convivencia democr\u00e1tica.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Por Jos\u00e9 Aylwin Oyarz\u00fan, integrante del Observatorio Ciudadano y de la Plataforma de Sociedad Civil Chilena de Derechos Humanos y Empresas En […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":2634,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[82,43,47],"tags":[83,84,110],"class_list":["post-2633","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-de-interes","category-centro-de-informacion","category-portada","tag-derechos-humanos","tag-empresas","tag-oit"],"yoast_head":"\n