{"id":2401,"date":"2024-12-11T16:12:05","date_gmt":"2024-12-11T16:12:05","guid":{"rendered":"https:\/\/derechoshumanosyempresas.cl\/?p=2401"},"modified":"2025-02-21T14:43:08","modified_gmt":"2025-02-21T14:43:08","slug":"la-ofensiva-empresarial-en-contra-de-organizaciones-de-derechos-humanos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/derechoshumanosyempresas.cl\/index.php\/2024\/12\/11\/la-ofensiva-empresarial-en-contra-de-organizaciones-de-derechos-humanos\/","title":{"rendered":"La ofensiva empresarial en contra de organizaciones de derechos humanos"},"content":{"rendered":"

Por Jos\u00e9 Aylwin Oyarz\u00fan, abogado e integrante de la Coordinaci\u00f3n de la Plataforma de Sociedad Civil Chilena de Derechos Humanos y Empresas<\/i><\/b><\/p>\n

Lejos de estar involucrados en estrategias de empresas del exterior, competidoras con las empresas chilenas, desde la sociedad civil aspiramos a que la actividad empresarial en Chile resulte consistente con los derechos humanos y el medio ambiente, hoy tan deteriorados por su actividad en nuestro pa\u00eds.<\/span><\/i><\/p>\n

Diversos hechos acaecidos en los \u00faltimos meses dan cuenta de una ofensiva del sector empresarial en contra de las personas y las organizaciones defensoras de derechos humanos en Chile.<\/span><\/p>\n

Un hecho emblem\u00e1tico en este sentido fue la acci\u00f3n disruptiva protagonizada por personeros vinculados a la industria salmonera<\/a>, acompa\u00f1ados por sus trabajadores, afines a sus intereses, en una actividad en que una organizaci\u00f3n de sociedad civil visibiliz\u00f3 el incumplimiento de est\u00e1ndares laborales por empresas del sector.<\/strong><\/span><\/p>\n

A ello se agregan diversas columnas y art\u00edculos de opini\u00f3n en los medios, afines a sus intereses, (El Mercurio, 27 de Noviembre de 2024; Ex Ante, 24 Octubre 2024, entre otras) en los que se denuncia el financiamiento otorgado por entidades de cooperaci\u00f3n internacional a organizaciones defensoras de derechos humanos, cuya labor estiman lesivas a sus intereses. <\/span>En dichos art\u00edculos se cuestiona la acci\u00f3n de estas organizaciones insinuando que los financiamientos que reciben podr\u00edan provenir de \u201cempresas competidoras directas del mercado chileno\u201d<\/strong>, proponi\u00e9ndose el establecimiento de mecanismos para su fiscalizaci\u00f3n por el Estado.<\/span><\/p>\n

La ofensiva empresarial en este sentido no es nueva. Ya en el 2022 representantes de las empresas del salm\u00f3n, en una acci\u00f3n orquestada con sus trabajadores, irrumpieron de manera violenta en una actividad de la sociedad civil en Quell\u00f3n, destinada a informar a la comunidad de los hallazgos de un informe de evaluaci\u00f3n de impactos de esta industria en derechos humanos y ambientales, informe elaborado por, entre otros, el Instituto Nacional de Derechos Humanos<\/a>.<\/span><\/p>\n

Evidentemente preocupados por la visibilizaci\u00f3n de los impactos de las empresas en los derechos humanos, un grupo de diputados, afines a sus intereses, present\u00f3 el 2023 un proyecto de ley que \u201cestablece la obligaci\u00f3n de las organizaciones no gubernamentales de trasparentar sus ingresos y mecanismos de financiamiento\u201d<\/strong> (Bolet\u00edn N\u00ba 15.643-06<\/a>) . Entre los objetivos de dicho proyecto se considera el \u201cde prevenir y fiscalizar de mejor manera eventuales situaciones irregulares, como, por ejemplo, conflictos de inter\u00e9s, encubrimiento de actividades il\u00edcitas, tr\u00e1fico de influencia, entre otras\u201d.<\/span><\/p>\n

Sin poner en duda la necesidad de la trasparencia de toda iniciativa humana que involucre recursos financieros, cualquiera sea el sector del que provenga, la ofensiva empresarial aqu\u00ed referida resulta adem\u00e1s de contradictoria, preocupante.<\/strong><\/span><\/p>\n

Contradictoria, toda vez que proviene de un sector que, lejos de haber sido adalid de la trasparencia, ha estado involucrado en el pasado, y en no pocos casos hasta la fecha, en estrategias il\u00edcitas, mas cercanas a la oscuridad que a la luz. No podemos olvidar la forma en que muchos de los conglomerados empresariales hoy dominantes en el pa\u00eds, entre ellos los forestales y los mineros, se apropiaron hace algunas d\u00e9cadas de las empresas del Estado a trav\u00e9s de mecanismos carentes de toda transparencia, como lo demuestra tan n\u00edtidamente el libro \u201cComplicidad econ\u00f3mica con la dictadura chilena. Un pa\u00eds desigual a la fuerza\u201d (Bohoslavsky y otros eds., Lom, 2019)<\/a>.<\/span><\/p>\n

Tampoco podemos olvidar el financiamiento ilegal de la pol\u00edtica que involucr\u00f3 a altos directivos de SQM, en una estrategia evidentemente orientada a lograr lo que hoy internacionalmente se conoce como \u201ccaptura corporativa\u201d de los \u00f3rganos del Estado a objeto de lograr beneficios de parte de quienes lo integran.<\/span><\/p>\n

A ello se agregan los pagos que la empresa Corpesca hizo a\u00f1os atr\u00e1s al ex senador Orpis, condenado por la justicia por ello, en el contexto de la tramitaci\u00f3n hoy anulada Ley de Pesca.<\/span><\/p>\n

Para quienes tengan mala memoria, y no recuerden estos hechos, se debe dar cuenta de conductas empresariales m\u00e1s recientes en el tiempo, igualmente lejanas a la probidad y a la transparencia<\/strong>, como lo son los cobros discriminatorios realizados por las ISAPRES a sus afiliados en raz\u00f3n del g\u00e9nero y la edad, hechos tambi\u00e9n condenados por la justicia, o la producci\u00f3n por empresas de salmonicultura de vol\u00famenes superiores a los autorizados por la autoridad, o los beneficios tributarios obtenidos por una empresa del mismo rubro utilizando informaci\u00f3n falsa, hechos estos \u00faltimos que han derivado en acciones judiciales por parte del Consejo de Defensa del Estado<\/a>.<\/span><\/p>\n

M\u00e1s all\u00e1 de las evidentes contradicciones \u00e9ticas del mundo de la empresa, quienes a trav\u00e9s de sus representantes en el parlamento o a trav\u00e9s de la prensa abogan por sus intereses e impulsan esta ofensiva en contra de las organizaciones defensoras de derechos humanos, resulta preocupante el desconocimiento, o falta de comprensi\u00f3n en ellas existente, respecto al rol que dichas organizaciones cumplen en una sociedad democr\u00e1tica, as\u00ed como sobre la obligaci\u00f3n del Estado no solo de proteger su accionar, sino tambi\u00e9n de promoverlas.<\/strong><\/span><\/p>\n

En efecto, Chile es parte de diversos instrumentos internacionales que establecen directrices sobre la materia que se deben tener presente. El primero de ellos es la Declaraci\u00f3n sobre los defensores de los derechos humanos adoptada por la Asamblea General en 1998, con el voto favorable de Chile.<\/span><\/p>\n

Dicha Declaraci\u00f3n identifica a los defensores de los derechos humanos como individuos o grupos que act\u00faan para promover, proteger o luchar por la protecci\u00f3n y realizaci\u00f3n de los derechos humanos y las libertades fundamentales por medios pac\u00edficos, reconociendo el papel clave que estos tienen en la realizaci\u00f3n de los derechos humanos consagrados en los tratados jur\u00eddicamente vinculantes y en el sistema internacional en general.<\/span><\/p>\n

La Declaraci\u00f3n adem\u00e1s establece la responsabilidad de los estados de proporcionar apoyo a los defensores de los derechos humanos, tanto individuales como a trav\u00e9s de organizaciones, garantizando su protecci\u00f3n frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminaci\u00f3n negativa, presi\u00f3n o cualquier otra acci\u00f3n arbitraria en el ejercicio de su labor.<\/span><\/p>\n

A ella se agrega el m\u00e1s reciente Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Informaci\u00f3n, la Participaci\u00f3n P\u00fablica y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en Am\u00e9rica Latina y el Caribe<\/a>, conocido como Acuerdo de Escaz\u00fa de 2018, ratificado por Chile. Dicho acuerdo, junto con valorar el rol de los defensores de derechos ambientales, muchas veces afectados por la industria extractiva hoy prevalente en Chile<\/strong>, contiene disposiciones espec\u00edficas para la protecci\u00f3n de su labor.<\/span><\/p>\n

As\u00ed en su art\u00edculo 9 establece la obligaci\u00f3n de los estados partes de garantizar \u201c\u2026un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad\u201d. <\/span>El mismo art\u00edculo agrega que los estados deben tomar las \u201cmedidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir en el ejercicio de los derechos contemplados en el presente Acuerdo\u201d.<\/span><\/p>\n

Resulta parad\u00f3jico que los representantes del mundo empresarial en Chile, defensores de la libertad, en particular en el plano econ\u00f3mico, propongan utilizar en contra de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos y ambientales en Chile herramientas de control de organizaciones de derechos humanos, similares a las adoptadas por los gobiernos autoritarios que denostan, como el de Maduro en Venezuela, el de Ortega en Nicaragua, o el de Putin en Rusia.<\/span><\/p>\n

Dichos gobiernos no solo han aprobado normas para impedir la recepci\u00f3n de financiamiento exterior por parte de estas organizaciones, sino que han perseguido sistem\u00e1ticamente a sus integrantes con la c\u00e1rcel, la expulsi\u00f3n e incluso la muerte, haciendo imposible su labor.<\/span><\/p>\n

Es de esperar que en Chile no lleguemos a ello, y que no solo el Estado, sino tambi\u00e9n las empresas comprendan, acepten y alienten el rol que corresponde a sociedad civil en la promoci\u00f3n y defensa de derechos humanos.<\/span><\/p>\n

Lejos de estar involucrados en estrategias de empresas del exterior, competidoras con las empresas chilenas, desde la sociedad civil aspiramos a que la actividad empresarial en Chile resulte consistente con los derechos humanos y el medio ambiente<\/strong>, hoy tan deteriorados por su actividad en nuestro pa\u00eds. <\/span>Y que los beneficios de la actividad econ\u00f3mica que ellas impulsan sean distribuidos equitativamente y no de manera tan desigual como lamentablemente ocurre hoy. Que se generen mecanismos, como aquellos existentes en las legislaciones europeas, sobre debida diligencia corporativa, para hacer efectiva su responsabilidad cuando estas vulneren los derechos humanos.<\/span><\/p>\n

\u00bfEs ello mucho pedir para un pa\u00eds de desarrollo medio alto, del que tanto se precia el empresariado chileno? Definitivamente consideramos que no lo es.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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