{"id":2118,"date":"2024-04-25T23:46:58","date_gmt":"2024-04-25T23:46:58","guid":{"rendered":"https:\/\/derechoshumanosyempresas.cl\/?p=2118"},"modified":"2025-02-21T14:50:32","modified_gmt":"2025-02-21T14:50:32","slug":"codelco-y-derechos-humanos-un-desafio-pendiente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/derechoshumanosyempresas.cl\/index.php\/2024\/04\/25\/codelco-y-derechos-humanos-un-desafio-pendiente\/","title":{"rendered":"Codelco y derechos humanos: un desaf\u00edo pendiente"},"content":{"rendered":"

Columna publicada en elmostrador.cl<\/a><\/em><\/p>\n

En los \u00faltimos meses Codelco ha dado pasos acelerados para convertirse en un actor protag\u00f3nico en el desarrollo del litio en Chile y, consecuentemente, para asumir el liderazgo del pa\u00eds en la producci\u00f3n de este mineral no met\u00e1lico a nivel mundial, en forma consistente con lo propuesto en la Estrategia Nacional del Litio anunciada por Presidente Boric el a\u00f1o pasado.<\/p>\n

En efecto, en diciembre pasado Codelco y SQM, la principal empresa productora de litio del pa\u00eds, y segunda a nivel mundial, anunciaron una asociaci\u00f3n para el desarrollo productivo y comercial del litio en el salar de Atacama para las pr\u00f3ximas d\u00e9cadas. En base a este acuerdo, que se concretar\u00eda a contar de 2025, \u00a0la nueva sociedad, que ser\u00e1 controlada por el Estado (50% m\u00e1s una acci\u00f3n) asumir\u00e1 los actuales contratos entre Corfo y SQM hasta diciembre de 2030, para pasar el 2031 y hasta el 2060 a desarrollar un proyecto conjunto (Proyecto Salar Futuro) en que Codelco tendr\u00e1 una participaci\u00f3n inicial en las utilidades, ascendente a 201.000 toneladas de carbonato de litio, que se incrementar\u00e1 al 50,01% de la producci\u00f3n total de litio y otras sustancias a partir de enero de 2031.<\/p>\n

Aunque la ratificaci\u00f3n del acuerdo definitivo de Codelco con SQM est\u00e1 a\u00fan pendiente, fij\u00e1ndose como plazo para ello el 31 de mayo pr\u00f3ximo, ya han surgido desde Tianqi, corporaci\u00f3n china que controla cerca del 25 % de las acciones de esta \u00faltima empresa, cuestionamientos al acuerdo con la minera estatal. Pese a ello, todo indica que este acuerdo se materializar\u00e1.<\/p>\n

Por otro lado, en el mes de marzo reci\u00e9n pasado qued\u00f3 a firme la adquisici\u00f3n por parte de Codelco del proyecto para la explotaci\u00f3n del litio Salar Blanco, ubicado en el salar de Maricunga, de propiedad de australiana Lithium Power International. La compra de dicho proyecto, que fue anunciada en octubre de 2023 y confirmada recientemente por los accionistas de esta empresa y por las autoridades australianas, tuvo un valor de US$ 244 millones. Con ella Codelco adquiri\u00f3 las concesiones y unas 6.600 hect\u00e1reas de este proyecto, pasando a controlar casi 11.700 hect\u00e1reas del total de 14 mil hect\u00e1reas, esto es, m\u00e1s del 80% de la superficie del salar de Maricunga.<\/p>\n

Codelco, cuya creaci\u00f3n tuvo su origen en la nacionalizaci\u00f3n del cobre en 1971 durante el Gobierno de Salvador Allende, y posteriormente en 1976 en la conformaci\u00f3n como Corporaci\u00f3n Nacional del Cobre de Chile, es en la actualidad el primer productor mundial de cobre. A pesar de la reciente ca\u00edda experimentada en su producci\u00f3n, a trav\u00e9s de sus distintas divisiones \u2013desde Chuquicamata en el norte a El teniente por el sur\u2013, el 2023 Codelco produjo 1.3 millones de toneladas de cobre, siendo la principal empresa exportadora del pa\u00eds, generando un aporte sustancial al erario fiscal.<\/p>\n

La expansi\u00f3n de la cupr\u00edfera estatal a la explotaci\u00f3n del litio, sin embargo, plantea importantes puntos en materia de derechos humanos. En efecto, las operaciones de Codelco no han estado exentas de afectaciones a estos derechos. Seg\u00fan el Centro de Informaci\u00f3n sobre Derechos Humanos y Empresas, existen cerca de 30 alegaciones por vulneraci\u00f3n de estos derechos en contra de la cupr\u00edfera estatal en sus operaciones en los \u00faltimos a\u00f1os.<\/p>\n

Las alegaciones se centran fundamentalmente en derechos laborales (seguridad en el trabajo, derechos sindicales), derechos ambientales (contaminaci\u00f3n de aguas, extracci\u00f3n no autorizada de aguas, entre otros) y derechos de pueblos ind\u00edgenas (derecho a la tierra, derecho a la consulta, entre otros). Un caso emblem\u00e1tico en relaci\u00f3n con estos \u00faltimos derechos es el caso de la ampliaci\u00f3n del tranque de relaves de Codelco de Talabre, en el contexto de su proyecto Radomiro Tomic. La ausencia del est\u00e1ndar del consentimiento previo, libre e informado en el proceso de consulta desarrollado por este proyecto, motiv\u00f3 la denuncia de la comunidad atacame\u00f1a de Chiu-Chiu ante la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado de Chile, denuncia cuya resoluci\u00f3n esta a\u00fan pendiente.<\/p>\n

Las alegaciones por afectaci\u00f3n de derechos humanos por parte de Codelco se extienden tambi\u00e9n a sus operaciones fuera del pa\u00eds. Es el caso de su proyecto Llurimagua, que pretend\u00eda impulsar en conjunto con la Empresa Minera de Ecuador (ENAMI EP), para la explotaci\u00f3n de un yacimiento de cobre. Como consecuencia de las exploraciones en el Valle de Intag, en un ecosistema boscoso\u00a0de los Andes tropicales,<\/strong>\u00a0la justicia de ese pa\u00eds revoc\u00f3 la licencia ambiental de dicho proyecto, ordenando frenar la actividad, por la vulneraci\u00f3n de derechos de consulta ambiental y protecci\u00f3n de la naturaleza.<\/p>\n

Lo anterior ha ocurrido pese a las diversas directrices de sustentabilidad (Pol\u00edtica de Desarrollo Sustentable de 2003), laborales y ambientales (Pol\u00edtica de Seguridad, Salud Ocupacional y Gesti\u00f3n Ambiental de 2007) y sobre pueblos ind\u00edgenas (Compromiso con los Pueblos Ind\u00edgenas de 2004), a trav\u00e9s de las cuales Codelco ha asumido compromisos en materia de derechos humanos. Tales compromisos, adem\u00e1s, se derivan de su integraci\u00f3n temprana en el Consejo Internacional de Miner\u00eda y Metales (ICMM, por sus siglas en ingl\u00e9s), entre cuyos principios se encuentra el apoyo a los derechos humanos fundamentales y el respeto por culturas, costumbres y valores de los grupos afectados por sus actividades, as\u00ed como el respeto por los pueblos ind\u00edgenas, incluyendo su derecho al consentimiento libre, previo e informado frente a iniciativas susceptibles de afectarles directamente.<\/p>\n

Tales compromisos han sido reiterados con su adhesi\u00f3n el 2016 al Pacto Global de Naciones Unidas, entre cuyos principios b\u00e1sicos figuran la protecci\u00f3n de los derechos humanos, absteni\u00e9ndose de pr\u00e1cticas que impliquen su abuso. Ello adem\u00e1s de los principios de respeto a los derechos laborales, medio ambiente y adopci\u00f3n de medidas anticorrupci\u00f3n.<\/p>\n

No obstante lo anterior, las acciones hasta ahora impulsadas por Codelco a la fecha, en su estrategia por asumir el protagonismo en el desarrollo del litio, tanto en el caso de la asociaci\u00f3n con SQM para operar en el salar de Atacama como en la adquisici\u00f3n del proyecto Salar Blanco en el salar de Maricunga, han dejado en evidencia las dificultades de esta empresa para impulsar un accionar consistente con los derechos humanos. Ello es particularmente cr\u00edtico, teniendo presente que en ambos casos las actividades mineras que se propone desarrollar se emplazan en los territorios tradicionales de pueblos ind\u00edgenas, Atacame\u00f1o o Lickanantay en el primer caso, y Colla en el segundo.<\/p>\n

En efecto, en el caso del acuerdo suscrito por Codelco con SQM en diciembre pasado, el Consejo de Pueblos Atacame\u00f1os (CPA), aun cuando hab\u00eda concurrido a celebrar un acuerdo de voluntades con las dos mineras en el marco de la Estrategia Nacional del Litio para garantizar un procedimiento participativo y trasparente en las decisiones \u00a0que se adoptaran en el desarrollo productivo del salar de Atacama, a objeto de garantizar su sustentabilidad, se inform\u00f3 por la prensa del acuerdo suscrito por ellas para su explotaci\u00f3n hasta el 2060.<\/p>\n

Para el CPA ello revive lo ocurrido el 2018 en el contexto del acuerdo Corfo-SQM, a trav\u00e9s del cual se extendi\u00f3 a esta empresa la autorizaci\u00f3n para la explotaci\u00f3n del litio en el salar hasta el 2030. La ausencia de consulta ind\u00edgena en este caso deriv\u00f3 en una denuncia a la justicia chilena primero y a la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos despu\u00e9s, cuya resoluci\u00f3n sigue pendiente.<\/p>\n

En el caso del salar de Maricunga, Codelco adquiri\u00f3 el proyecto Salar Blanco de la australiana Lithium Power a sabiendas de que la aprobaci\u00f3n ambiental de este proyecto ha sido impugnada judicialmente ante los tribunales ambientales por comunidades colla, por las insuficiencias de la consulta ind\u00edgena, exigiendo que esta se haga extensiva a todas aquellas que son susceptibles de ser afectadas por dicho proyecto.<\/p>\n

Existe hoy un consenso global en torno a la responsabilidad que tienen las empresas en materia de derechos humanos. Los principios rectores de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Empresas de 2011, suscritos por Chile, establecen el deber de los Estados de abordar las consecuencias negativas de las actividades empresariales sobre los derechos humanos, as\u00ed como la responsabilidad que cabe a las empresas en la misma materia. En uno de sus principios se establece el especial cuidado y protecci\u00f3n que las empresas estatales tienen en materia de derechos humanos. Ello, al disponer que \u201clos Estados deben adoptar medidas adicionales de protecci\u00f3n contra las violaciones de derechos humanos cometidas por empresas de su propiedad o bajo su control \u2026 exigiendo en su caso, la debida diligencia en materia de derechos humanos\u201d.<\/p>\n

Desde su creaci\u00f3n el 2011, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Empresas ha ido desarrollando criterios para la aplicaci\u00f3n de estos principios a situaciones espec\u00edficas. De particular relevancia al respecto es el informe de 2013 sobre sus implicancias en el caso de los \u00a0derechos de pueblos ind\u00edgenas. Al respecto, reconoce que el deber de protecci\u00f3n de los derechos ind\u00edgenas por parte de las empresas, incluyendo las de propiedad\u00a0 p\u00fablica, deriva de instrumentos como el Convenio 169 de la OIT y la Declaraci\u00f3n de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos ind\u00edgenas, ambos instrumentos suscritos y\/o adheridos por Chile,\u00a0 declaraci\u00f3n que reconoce el derecho de estos pueblos a controlar sus tierras, territorios y recursos y al consentimiento libre, previo e informado.<\/p>\n

Especialmente relevante para Codelco, en la expansi\u00f3n de sus actividades a la producci\u00f3n de litio, es el reciente informe de 2023 de este Grupo de Trabajo sobre sector extractivo, transici\u00f3n justa y derechos humanos. En dicho informe, junto con dar cuenta de que las empresas vinculadas a esta \u00e1rea del desarrollo productivo, como son las de litio, tienen impactos significativos en derechos humanos, incluyendo la apropiaci\u00f3n de tierras, el desplazamiento forzado, la contaminaci\u00f3n ambiental, entre otros, dispone en el caso de las empresas estatales que estas \u201cdeben asumir un papel de liderazgo en el establecimiento de pr\u00e1cticas positivas que se ajusten a los Principios Rectores, entre otras cosas a trav\u00e9s de la trasparencia y la divulgaci\u00f3n de informaci\u00f3n sobre los programas de transici\u00f3n energ\u00e9tica\u201d.<\/p>\n

En relaci\u00f3n con las empresas p\u00fablicas de este sector dispone, adem\u00e1s, en consonancia con los mismos principios, que los Estados deben adoptar medidas \u201cpara prevenir y mitigar las consecuencias sobre derechos humanos\u201d. Agrega que, en el desarrollo de estrategias de transici\u00f3n energ\u00e9tica, los Estados deben cerciorarse de la existencia de consultas significativas con todas las partes interesadas, y en el caso de los pueblos ind\u00edgenas, \u201cque se haya obtenido el consentimiento libre, previo e informado\u201d.<\/p>\n

Aunque los dos Planes de Acci\u00f3n Nacional de Derechos Humanos y Empresas elaborados por el Estado de Chile (2017 y 2022) han hecho referencia a la necesidad de garantizar la debida diligencia en derechos humanos de las empresas p\u00fablicas, el caso de Codelco, al que en este art\u00edculo se hace referencia, da cuenta de que este sigue siendo un desaf\u00edo para Chile.<\/p>\n

En julio de 2023, haci\u00e9ndose eco de lo propuesto en el programa de gobierno del Presidente Boric, la Subsecretar\u00eda de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos anunci\u00f3 la elaboraci\u00f3n de una propuesta de ley sobre responsabilidad corporativa en materia de DD.HH. Aun cuando sus contenidos est\u00e1n en elaboraci\u00f3n, teniendo presente la legislaci\u00f3n comparada al respecto, y sobre todo la importancia de una empresa p\u00fablica como Codelco en la econom\u00eda nacional, ser\u00eda fundamental que esta propuesta considerara disposiciones que establecieran la especial responsabilidad de las empresas p\u00fablicas en la protecci\u00f3n de derechos humanos.<\/p>\n

Todo lo anterior hace urgente que Codelco defina e impulse una pol\u00edtica y pr\u00e1ctica solida y coherente en materia de derechos humanos. En esta nueva etapa de su existencia, en que se propone expandir sus actividades a la explotaci\u00f3n del litio en los territorios de ocupaci\u00f3n y uso tradicional de los pueblos ind\u00edgenas, dicha pol\u00edtica no puede sino considerar de manera particular la protecci\u00f3n de los derechos de pueblos ind\u00edgenas, teniendo para ello presentes los est\u00e1ndares del derecho internacional que les son aplicables.<\/p>\n

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  • El contenido vertido en esta columna de opini\u00f3n es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la l\u00ednea editorial ni postura de\u00a0El Mostrador<\/strong>.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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