La publicación, realizada por el Proyecto REDAR en el marco de la Plataforma de Derechos Humanos y Empresas, examina el proyecto de reforma del SEIA desde una perspectiva de derechos humanos y cumplimiento de estándares internacionales, identificando modificaciones que podrían debilitar la prevención ambiental, la participación ciudadana y el acceso a la justicia.
Junio, 2026. Actualmente en discusión en el Congreso, la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) ha sido presentada como una iniciativa destinada a fortalecer la institucionalidad ambiental y mejorar la eficiencia de los procesos de evaluación. Sin embargo, diversas de las modificaciones propuestas han generado preocupación debido a las posibles afectaciones a estándares de protección ambiental, participación ciudadana y acceso a la justicia construidos durante las últimas décadas.
En este escenario, desde el Proyecto REDAR en el marco del trabajo de la Plataforma de Derechos Humanos y Empresas, realizan un análisis que busca aportar antecedentes para la discusión legislativa desde una perspectiva de derechos humanos y cumplimiento de estándares internacionales.
El documento revisa las principales modificaciones contenidas en el Boletín N° 16.552-12 a la luz de la normativa nacional vigente, el Acuerdo de Escazú, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos y las Directrices de la OCDE para la conducta empresarial responsable. Si bien se identifican algunos avances, se advierte que varias de las modificaciones propuestas podrían significar retrocesos en materia de prevención, fiscalización, acceso a la información y acceso a la justicia ambiental. Asimismo, advierte posibles incompatibilidades con obligaciones asumidas por Chile en materia de derechos humanos y con estándares contenidos en el Acuerdo de Escazú.
Entre las principales alertas identificadas se encuentran la reducción de plazos para la evaluación de proyectos considerados «urgentes» o «estratégicos»; la eliminación de mecanismos preventivos destinados a evitar la elusión del SEIA; restricciones al acceso a la justicia ambiental mediante la eliminación de vías de impugnación administrativa; la posibilidad de excluir determinadas actividades o proyectos del sistema de evaluación; y la concentración de decisiones técnicas en autoridades unipersonales, disminuyendo el peso de los organismos especializados del Estado.
El documento concluye que cualquier reforma destinada a mejorar la eficiencia y predictibilidad del sistema debe resguardar los principios preventivo y precautorio, fortalecer la participación pública y asegurar mecanismos efectivos de supervisión y rendición de cuentas, especialmente considerando las obligaciones internacionales asumidas por Chile en materia de derechos humanos y medio ambiente.
Revisa el documento completo y su resumen ejecutivo.