Por José Aylwin Oyarzún, Coordinador del Programa de Globalización y Derechos Humanos e integrante de la Plataforma de Sociedad Civil Chilena de Derechos Humanos y Empresas; y Francisco Arellano, Coordinador de Incidencia del Proyecto REDAR y Plataforma de Sociedad Civil Chilena de Derechos Humanos y Empresas. Publicada en CIPER Chile.
El 11 de marzo de 2026, Chile inició un nuevo período de gobierno bajo la conducción del presidente José Antonio Kast. La composición de su gabinete y principales subsecretarías revela un patrón preocupante: un número significativo de las personas designadas para dirigir el aparato institucional del Estado provienen directamente de las industrias, gremios y asociaciones empresariales que dichas instituciones tienen por función regular. Este fenómeno tiene nombre: captura corporativa.
Se trata de una realidad contraria a las directrices de derechos humanos sobre las empresas, y por lo mismo representa una amenaza para su respeto y protección. En efecto, desde la adopción en 2011 de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, el derecho internacional ha establecido con claridad la arquitectura de responsabilidades en la materia. El Pilar 1 de dichos Principios consagra el deber del Estado de proteger los derechos humanos frente a las acciones de terceros, incluidas las empresas. Este deber no es puramente declarativo: exige que los Estados adopten medidas concretas para prevenir, investigar, sancionar y reparar los abusos cometidos por actores privados en el marco de sus operaciones.
Ese deber de protección es, precisamente, el que se ve comprometido cuando quienes deben ejercerlo tienen vínculos directos, recientes y sustantivos con los actores que deben regular. Los Principios Rectores son explícitos al respecto: los Estados deben asegurarse de que los departamentos, agencias y otras instituciones estatales que regulan las prácticas empresariales ejerzan las obligaciones en derechos humanos del Estado. Esto implica la necesaria independencia entre el regulador y el regulado, condición de la esencia de una tutela efectiva de derechos.
El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Empresas (2020) ha llamado la atención sobre el peligro que para los derechos humanos representa la influencia de las empresas en los procesos tanto legislativos como regulatorios, toda vez que puede anular la capacidad del Estado de actuar en favor del interés público.
A ello se suma la Observación General N° 24 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (2017), que subraya explícitamente que los Estados deben adoptar medidas para prevenir los conflictos de interés de los funcionarios públicos con el sector privado, incluyendo regulaciones sobre los casos de «puerta giratoria» —es decir, el tránsito sin restricciones entre cargos públicos y posiciones en las industrias reguladas.
Sin embargo, este asunto pareciera no ser en absoluto prioridad del nuevo gobierno. Jorge Quiroz asume el Ministerio de Hacienda con un historial que plantea preguntas graves sobre su relación con la libre competencia y la tutela de los consumidores. Como economista consultor, participó en los casos de colusión más emblemáticos de la historia económica reciente del país, siempre del mismo lado: la defensa de los infractores. En el cartel de los pollos —la colusión más millonaria de Chile, que mantuvo precios artificialmente altos entre 1994 y 2010— el fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), confirmado por la Corte Suprema, menciona informes y modelos de su autoría utilizados por las empresas coludidas para coordinar cuotas de producción. En la colusión de las farmacias declaró ante el mismo tribunal que no existían indicios de acuerdo entre las empresas. Quien conduce Hacienda define las prioridades del presupuesto público, las señales de política fiscal y el marco regulatorio del sistema financiero. Que ese rol recaiga en quien tuvo ese historial es sin duda una grave fuente de preocupación.
Daniel Mas llega al doble ministerio de Economía y Minería desde la vicepresidencia de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), la principal organización gremial empresarial del país. Sus decisiones sobre royalties, regulación ambiental y territorios indígenas en zonas de extracción tendrán consecuencias directas sobre derechos humanos. El paso inmediato desde la cúpula del empresariado organizado a la rectoría de estas áreas es una expresión paradigmática de captura corporativa.
Álvaro González, quien asume la Subsecretaría de Minería, fue director del Comité de Asuntos Legislativos de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), gremio que representa los intereses de los grandes operadores mineros privados. Será él quien encabece la regulación técnica de una industria con impactos documentados sobre el agua, los territorios indígenas y las zonas de sacrificio ambiental.
Francisco Pérez Mackenna asume la Cancillería proveniente de la gerencia general de Quiñenco, el holding del Grupo Luksic, uno de los conglomerados empresariales más grandes de Chile con inversiones en banca, industria, energía y transporte. La política exterior no es un ámbito ajeno a los intereses de los grandes grupos económicos: los tratados de libre comercio, los mecanismos de protección de inversiones, las relaciones con organismos multilaterales y las posiciones del Estado chileno ante foros internacionales tienen consecuencias directas sobre el entorno regulatorio en que operan las empresas. Que la representación del Estado chileno ante el mundo quede a cargo de quien hasta hace semanas dirigía uno de los mayores conglomerados privados del país plantea una pregunta legítima: ¿a quién representará Chile en la mesa de negociaciones?
Paula Estévez llega a la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales desde la gerencia general de la Cámara Chileno-Norteamericana de Comercio (AmCham Chile), que agrupa a las principales transnacionales con operaciones en el país. Sus responsabilidades incluyen la negociación de tratados de libre comercio y la gestión de mecanismos de protección de inversiones, instrumentos que históricamente han sido utilizados para cuestionar regulaciones estatales en materia ambiental y de derechos humanos. Los graves eventos que han ocurrido a nivel internacional estos últimos meses alertan sobre lo vital para la soberanía de nuestro país que quien vele por nuestras relaciones comerciales lo haga pensando en el bien de Chile, y no de sus recientes socios comerciales.
Los casos descritos no son los únicos. La ministra de Salud, May Chomali, trabajó más de 20 años en la Clínica Las Condes, llegando a ser su subdirectora y directora médica; la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, proviene de Libertad y Desarrollo, think tank financiado por sectores empresariales agresivamente entusiastas de la desregulación ambiental; el ministro de Defensa, Fernando Barros Tocornal, ex abogado de Pinochet, detractor público de las normativas para regular el comportamiento de las empresas, cuyo estudio Barros & Errázuriz ha defendido por décadas los intereses empresariales, incluyendo los de la firma china detrás del cable óptico a nuestro país; e Iván Poduje, cuya consultora Atisba asesora al sector inmobiliario, asume Vivienda, una cartera directamente expuesta al lobby de la industria inmobiliaria y constructora. En la segunda línea, los conflictos se replican: Karl Franz Koehler, socio de Dentons Chile —una de las firmas de abogados corporativos más grandes del país—, asume la Subsecretaría de Economía; Francesco Venezian, con trayectoria en la SNA y la agroindustria, llega a la Subsecretaría de Agricultura; y Sebastián Figueroa, ex gerente general de la Asociación Chilena de Seguridad llega a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
Esta preocupación no implica que las personas provenientes del mundo empresarial no puedan servir en el Estado. Sin embargo, lo que corresponde de acuerdo al estándar de derechos humanos en esta materia, es que cuando esa trayectoria profesional crea un conflicto estructural entre las funciones públicas asumidas y los intereses del sector de origen, el Estado tiene la obligación de establecer salvaguardias efectivas: períodos de incompatibilidad, transparencia sobre vínculos previos, mecanismos de control independientes. La ausencia de esas salvaguardias no solo compromete la calidad de la gestión pública: compromete el cumplimiento de obligaciones internacionales vinculantes en materia de derechos humanos que el Estado de Chile ha adquirido.
Junto a lo anterior, se hace indispensable en este contexto la aprobación por el Congreso de la legislación sobre la transparencia y acceso a la información pública, así como en particular de la legislación que regula la actividad del lobby, cuya insuficiencia ha quedado en brutal evidencia en el denominado caso Hermosilla. Tal como señala el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la materia antes referido, resulta fundamental contar con leyes firmes y claras sobre los conflictos de intereses puede contribuir a prevenir la corrupción e infundir confianza en las instituciones públicas (Grupo de Trabajo, 2020).
La ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil, el Congreso tienen razones fundadas para temer que un gabinete con la composición antes señalada pueda incidir en una captura corporativa del Estado, y que los evidentes conflictos de interés que este generará puedan deteriorar la protección de los derechos humanos frente al poder del empresariado. Es por ello que se hace necesario exigir que el nuevo gobierno dé a conocer las medidas que adoptará para evitar dicha captura corporativa, y para asegurar que la protección de los derechos de la población primará sobre el interés del empresariado que hasta ahora tan marcadamente han defendido quienes hoy asumen funciones públicas. La observación y la denuncia pública, en este contexto, no deben entenderse como actos de mera “oposición” política, sino como un ejercicio de exigibilidad de los compromisos que el Estado chileno ha adquirido en materia de derechos humanos, y en última instancia, de responsabilidad democrática.